El Arzobispo de Guadalajara, Cardenal José Francisco Robles Ortega, hace un llamado al gobierno a seguir trabajando en la solución de los casos de desaparición de personas ya que tan solo la semana pasada, un grupo de 36 personas fue liberado en Jalisco tras haber sido reclutado en contra de su voluntad, en un caso que ha puesto de relieve la grave crisis de desapariciones en el estado. Estas víctimas, que habían sido denunciadas como desaparecidas, fueron encontradas en un contexto alarmante relacionado con el crimen organizado y la explotación laboral.
Desde el Gobierno de México, se ha hecho un llamado para eliminar el período de espera de 72 horas que actualmente se establece para iniciar la búsqueda de personas desaparecidas. Las autoridades han enfatizado que cada minuto cuenta en estos casos, donde la rapidez puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte.
Este incidente no es un hecho aislado. Históricamente, el reclutamiento forzado de jóvenes ha sido un problema recurrente en Jalisco, especialmente en áreas de alta movilidad como terminales de autobuses, donde muchos son atraídos bajo falsas promesas de empleo. La realidad es que, al acudir a estas «ofertas», los jóvenes son secuestrados y reclutados para actividades ilícitas por grupos delictivos.
La nueva administración estatal ha asumido el compromiso de abordar de manera prioritaria la problemática de las desapariciones. En este sentido, se espera que el Gobernador implemente estrategias efectivas que garanticen la protección de los ciudadanos, así como el apoyo a las familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos. La urgencia de esta situación fue subrayada durante recientes declaraciones de líderes comunitarios, quienes instan a las autoridades a actuar con celeridad.
En paralelo, se ha discutido también la situación de las instalaciones educativas en el estado, donde se han reportado condiciones deplorables. Recientemente, la trágica muerte de un menor en un plantel ha generado un clamor por mejoras en la infraestructura escolar. Las autoridades deben no sólo prevenir accidentes, sino garantizar un entorno seguro para el aprendizaje.
Asimismo, se ha presentado el programa «Colmenas», que busca reconstruir el tejido social en la zona metropolitana de Guadalajara. Este proyecto podría ofrecer un camino hacia la recuperación comunitaria y la prevención de la violencia, aunque su eficacia aún está por medirse.
La liberación de estas 36 personas es un rayo de esperanza en medio de una crisis que persiste. Sin embargo, queda claro que el camino hacia la justicia y la seguridad en Jalisco requiere un esfuerzo conjunto y urgente por parte de las autoridades y la sociedad civil.
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