El jefe de Gobierno, Martí Batres, presentó una iniciativa de reforma en materia judicial, a fin de que “las formalidades no esenciales del proceso nunca estén por encima de la aplicación y los fines de la justicia social”.
En conferencia de prensa, expresó que el artículo 35 del Poder Judicial en el inciso A, dice: la función judicial se regirá por los principios de legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas.
Y con la propuesta se adiciona: “Aunado a lo anterior la función jurisdiccional se observara en los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva de tal manera que las formalidades no esenciales del proceso nunca están por encima de la aplicación y los fines de la justicia social a fin de que impere un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva sin dilaciones indebidas de los derechos humanos especialmente de grupos sociales y de personas que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social”.
Agentes de Ministerios Públicos y exjueces consultados indicaron que se busca evitar una ilegalidad, como el que un juez decrete una liberación o una no vinculación de manera arbitraria.
Se busca obligar a los jueces a que dejen de dar libertades, que dejen de estar calificado de no legal la detención o no vincular a proceso y (que) con eso ya no se puede continuar con el proceso; con este principio se busca eso, una justicia social”, externó un servidor público a este diario.
LE DAN UNA MANITA AL CONGRESO
La sede de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, es sometida a trabajos de remozamiento después de que ha sido objeto de pintas y grafitis durante algunas de las pasadas protestas.
