• Aprueba Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad, iniciativa que permitirá, entre otras cosas, poner orden al cableado en la ciudad
• El municipio tendría atribuciones para exigir a las empresas de telecomunicaciones que retiren su cableado obsoleto, multarlas en caso de omisión e incluso retirarles la licencia de operación en la ciudad
Con el propósito de agilizar las soluciones a la problemática del exceso de cables aéreos en el Municipio, la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad aprobó por unanimidad el dictamen que obligará a las empresas a depurar su cableado en desuso -que se ha convertido en una problemática no solo de imagen urbana, sino principalmente de protección civil- a través de la adopción de la Norma Técnica Metropolitana Para la Regulación de la Infraestructura de Telecomunicaciones del IMEPLAN.
El Regidor emecista Luis Cisneros Quirarte, quién desarrolló la iniciativa y además preside dicha comisión, explicó que actualmente las empresas usan infraestructura de competencia Federal y no están obligadas a retirar el cableado obsoleto que se acumula. Tal como están las cosas ahora, el Municipio no tiene atribuciones para intervenir, pese a los constantes reportes y quejas ciudadanas al respecto:
“Con la aprobación del dictamen se avanzó en este sentido, pues de adoptar la normativa diseñada y avalada por los Municipios Metropolitanos a través del IMEPLAN, se dotaría de facultades al ayuntamiento para trabajar junto a las empresas el retiro de este tipo de material, que se ha convertido en un grave riesgo para la integridad de las y los ciudadanos; representa un obstáculo para la movilidad, y afecta además al paisaje urbano. Es decir, que este retiro sea un ejercicio obligado y no de buena fe”.
“Una vez aprobada la propuesta, si incumplieran en quitarlo, entonces el Municipio estaría ahora sí facultado para hacerlo por su cuenta, cargando los gastos que esto conlleve a los propietarios. En caso de reincidir, podrían aplicarse multas que irían de los 44 mil a los 144 mil pesos, e incluso, podría retirarse su licencia para operar en la ciudad” informó el Regidor.
Al mismo tiempo, agregó, adoptar este marco en los reglamentos, obligaría a estas compañías a contar con seguros de responsabilidad civil que den garantía a los afectados por dichas instalaciones ante cualquier contingencia. Otro beneficio inmediato sería acelerar el proceso de sustitución de cables aéreos por subterráneos, pues se contempla que sea obligatorio también aprovechar la infraestructura subterránea en dónde ya exista.
“Por ejemplo, desde el 2014 en todas las calles que se han renovado con concreto hidráulico, ya cuentan con esa posibilidad. Es el caso del primer cuadro del barrio de Santa Tere, y algunas avenidas importantes que están ya listas para transitar a ello. Este mismo año se tiene contemplada una bolsa de 177 millones de pesos para intervenir más vialidades que también se sumarían”, puntualizó.
Para Cisneros Quirarte es obligado aprovechar las herramientas en las que ya han venido trabajando técnicos y especialistas, y que además han sido consensuadas por autoridades de distintos niveles, como es el caso de la referida Norma Técnica Metropolitana para la Regulación de la Infraestructura de Telecomunicaciones, que fue aprobada en 2020 por el Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN) y que sólo está en espera de que los municipios que lo integran, lo incorporen a su marco jurídico.
“Debido a la urgencia que la ciudadanía tiene de soluciones, este tipo de instrumentos deben revisarse y aprovecharse, con el propósito de atender las preocupaciones de los tapatíos en el menor tiempo posible y con eficacia, a la vez que seguimos mejorando, adecuando y actualizando las leyes y reglamentos desde todos los ámbitos”, finalizó.
Tras este primer paso que fue su aprobación en la comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad, la propuesta deberá ser analizada y en su caso aprobada por la Comisión de Gobernación Reglamentos y Vigilancia, y por la Comisión de Hacienda Municipal -para incluir la Ley de Ingresos las sanciones económicas- y su posterior presentación ante el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara.
