En un contexto alarmante, México experimenta un incremento significativo en la producción de fentanilo y en los ataques violentos perpetrados por grupos del crimen organizado. Según el reporte anual de la comunidad de inteligencia estadounidense, se registraron más de 1,600 agresiones contra oficiales de seguridad en el año fiscal 2024, que concluyó en octubre.
El informe, presentado por la directora nacional de Inteligencia de EE. UU., Tulsi Gabbard, revela que los cárteles de la droga, especialmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), continúan dominando la producción de fentanilo, así como de otras drogas sintéticas y tradicionales. Sin embargo, también se ha observado un aumento en la actividad de productores independientes, quienes operan al margen de los cárteles y son atraídos por la alta rentabilidad de esta sustancia.
Los nuevos productores son descritos como “actores autónomos o semiautónomos” que se benefician de las bajas barreras de entrada al mercado, facilitadas por la accesibilidad de equipos de laboratorio básicos y personal reducido. Este fenómeno ha sido impulsado en parte por la disponibilidad de precursores químicos provenientes de China, que llegan a México con facilidad.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) subraya la rentabilidad de la producción de fentanilo, señalando que un cártel puede producir una dosis por solo 10 centavos, que luego se vende en las calles de Estados Unidos a un precio que oscila entre 30 y 40 dólares. Este modelo de negocio ha llevado a un aumento en la producción clandestina, con un notable crecimiento desde 2020.
El impacto de esta crisis no se limita a la producción y el tráfico de drogas. En el último año, se reportaron aproximadamente 52,000 muertes de estadounidenses por sobredosis de opioides, incluyendo el fentanilo, lo que representa una disminución del 33% en comparación con el año fiscal anterior, según datos del Centro para el Control de Enfermedades (CDC).
La escalada de la violencia y el narcotráfico en México plantea serios desafíos tanto para el gobierno mexicano como para la seguridad regional e internacional, lo que requiere una respuesta coordinada y efectiva por parte de las autoridades.
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