Por: José Ángel Gutiérrez
Como siempre, pero más acentuado en últimas fechas, los políticos están más preocupados por aparecer en la foto, lucir en los medios de comunicación, que por hacer su trabajo y hacer que se cumpla la ley.
Y lo hacen evidente cuando, por ejemplo, acuden a presentar una denuncia y antes, convocan a la prensa para que los acompañe. Esta práctica, reitero, es muy común pero no por ello es lo adecuado.
Diferente sería que el periodista, como parte de su trabajo, se encontrara al político acudiendo responsablemente a solicitar se haga justicia.
Y aclaro, no están mal los periodistas. Ellos cumplen con su función de informar y acuden a donde sea necesario para cumplir con esa responsabilidad.
Muchos casos de políticos procediendo de la misma manera podríamos recordar, pero hoy me referiré al reciente incidente que se suscitó cuando el diputado del Partido Movimiento Ciudadano Augusto Valencia, acudió acompañado por reporteros a la Fiscalía del Estado, para ratificar una denuncia por el presunto uso de recursos públicos en un evento del PRI.
Sin dejar de reconocer que luce como un exceso la forma como el legislador y los periodistas fueron desalojados por parte de elementos armados, también vale destacar que el polémico diputado se excedió en lo que le toca como a cualquier ciudadano.
Si usted o un servidor acudimos ante el Ministerio Público y llevamos a la mamá, la tía, la abuela, los sobrinos, el perro y el perico, no dude que nos pasará algo similar: preguntarán por el denunciante y a los demás, los sacarán del lugar.
Diferente sería si se tratara de una audiencia pública, rubro en el que no encaja una ratificación de declaración ministerial, misma que de acuerdo con la ley vigente, se hace ante el Ministerio Público y forma parte de la integración de una Averiguación Previa (de una investigación).
En el ámbito de la procuración de justicia, se le llama diligencia (no audiencia).
El diputado Augusto Valencia (o sus asesores legales), debe estar enterado de que audiencias públicas son solo aquellas que se llevan a cabo por mandato de un juez.
Una vez que el Ministerio Público integró la averiguación y puso a disposición del juzgador la evidencia obtenida, turnando el asunto a un juzgado, es cuando el juez -como miembro del Poder Judicial- inicia el proceso de impartición de justicia.
Valencia no puede si quiera referirse al nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, que conocemos más por los juicios orales, para justificar que la audiencia es pública.
Los juicios orales son realizados con un juez de por medio y de manera presencial.
Ojo: los juicios orales todavía no aplican en Guadalajara, pero eso nada tiene que ver, pues se trata de procesos distintos.
Y volvemos a lo mismo: las diligencias son un paso previo que le concierne al Ministerio Público para integrar la averiguación previa. Una investigación que debe mantenerse en sigilo en beneficio del denunciante.
Las diligencias, sin importar si ya son o no vigentes los juicios orales, no son públicas porque forman parte de una investigación.
Pero todo este rollo, lo sé, sale de sobra. Porque lo único que importa, lo que llama la atención, lo que hace verdadero ruido e incita a rasgarse las vestiduras, es que un diputado fue sacado -con todo y los reporteros- de la Fiscalía.
