En los últimos meses, la relación comercial entre México y Estados Unidos ha estado marcada por una serie de medidas arancelarias que amenazan la estabilidad del intercambio económico bilateral. Desde la imposición de nuevos aranceles en marzo de 2025 hasta las recientes escaladas en la guerra comercial con China, el contexto presenta desafíos significativos para los sectores productivos mexicanos.
El 4 de marzo de 2025, Estados Unidos aplicó aranceles a importaciones provenientes de Canadá, México y China. Aunque inicialmente no se establecieron nuevos gravámenes para México, la situación se complicó con la firma, el 2 de abril, de una orden ejecutiva bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Esta orden contempla aranceles recíprocos del 25% a ciertos productos, así como nuevos gravámenes del 25% en automóviles, autopartes, acero y aluminio, con la finalidad de proteger la economía estadounidense frente a prácticas comerciales consideradas injustas.
Para México, esto significa que los productos que cumplen con las reglas de origen del T-MEC pueden ingresar a EE. UU. sin pagar aranceles, pero aquellos que no cumplen enfrentan un gravamen del 25%, con algunas excepciones. En caso de que las medidas sean removidas, se contempla la posibilidad de que los productos originarios sigan libres de aranceles, mientras que los no originarios pagarían un 12%, lo que podría afectar la competitividad de las exportaciones mexicanas.
Las tensiones no se limitan a la relación bilateral. La escalada en la guerra comercial entre EE. UU. y China ha llevado a la imposición de aranceles recíprocos, con tarifas del 34% y 104% respectivamente, y un aumento del arancel chino al 84%. Además, EE. UU. suspendió temporalmente ciertos aranceles y anunció un esquema diferenciador con tasas del 10% en general, y hasta 145% en productos chinos específicos. México, gracias al T-MEC, permanece exento de aranceles en productos originarios, pero los productos no originarios siguen enfrentando un gravamen del 25%.
Estas medidas tienen consecuencias directas en la economía mexicana, principalmente al encarecer los productos no originarios, lo que reduce su competitividad en EE. UU. y puede traducirse en menor demanda, caída en exportaciones, pérdida de empleos en industrias exportadoras y disminución de inversión extranjera. Además, se incrementa la presión para que México adopte una postura alineada con EE. UU. frente a China, lo que podría limitar sus opciones comerciales y elevar los precios internos.
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), a través de su Comisión de Comercio Internacional, ha señalado la importancia de monitorear estos cambios y ofrecer asesoría a las empresas mexicanas. Entre sus funciones destacan el análisis del impacto fiscal y contable, el acompañamiento en el cumplimiento de las reglas de origen del T-MEC y la elaboración de estrategias para mitigar riesgos aduaneros y fiscales.
En un escenario de alta volatilidad internacional, la capacidad de adaptación y la planificación estratégica serán claves para que las empresas mexicanas puedan sortear estos desafíos y mantener su competitividad en el mercado global.
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