Amnistía Internacional (AI) señaló este miércoles a México que corresponde a autoridades civiles determinar las responsabilidades de los militares que presuntamente ejecutaron a cinco personas en la frontera con Estados Unidos.
“AI exige a las autoridades del Estado mexicano que la investigación y el esclarecimiento de los hechos se realicen en apego al protocolo Minnesota“, un modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó la organización internacional.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el protocolo de Minnesota indica que las investigaciones deben ser independientes de los presuntos culpables e instituciones a las que pertenezcan.
“Las investigaciones de homicidios presuntamente relacionados con miembros de las fuerzas del orden, por ejemplo, se deben poder llevar a cabo sin ninguna influencia indebida que pueda derivarse de las jerarquías institucionales y cadenas de mando”, agrega.
Un video muestra que militares disparan contra cinco personas frente a una pared en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las imágenes exhiben que los soldados bajan a golpes a los ciudadanos de una camioneta, les vendan los ojos, les disparan y después les colocan armas encima.
AI aseguró que estos hechos no pueden entenderse de forma aislada, sino que reflejan los procedimientos con los que las Fuerzas Armadas han actuado en los últimos 16 años en México.
Esto, porque realizan funciones de seguridad pública que le corresponden a autoridades civiles, reclamó la organización, que detalló que destacan casos de violaciones graves cometidas en Nuevo Laredo desde 2020.
En el video se aprecia que las personas detenidas ya habían sido sometidas por los elementos del Ejército. Luego de esto, Amnistía Internacional consideró que debieron ser entregadas a la autoridad competente para seguirles el debido proceso.
Por último, AI estableció que la impunidad, opacidad y falta de rendición de cuentas de las instituciones no disminuirán si no se implementan medidas serias y efectivas para su fiscalización y supervisión democrática.
“Solicitamos a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, que exijan al Estado mexicano medidas adecuadas y efectivas para garantizar que soldados y marinos que cometan esta clase de atrocidades rindan cuentas ante la justicia nacional o internacional”, terminó el comunicado.
