Ante los hechos de los recientes donde se discutió sobre la posible instalación del nuevo vertedero en el municipio de Tala, así como la renovación de la concesión con el ayuntamiento de Guadalajara, en Hagamos lo decimos claro: es momento de ponerle un alto a una empresa que no ha estado a la altura de las demandas ciudadanas y cuya mala administración ha mermado la salud de jaliscienses.
La renovación de la concesión en Guadalajara con el aumento de tarifa no corresponde al servicio brindado y es momento de que se discuta claramente cuál será la solución integral para el manejo de residuos en nuestra entidad, evitando la permanencia en las prácticas inadecuadas y sobre todo garantizado la eficiencia en los trabajos para lograr ciudades y pueblos con calidad de vida con base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de las Naciones Unidas.
El modelo de concesiones se justifica únicamente cuando la participación de empresas particulares garantiza la prestación de un servicio de calidad y le evita al Estado dobles o triples inversiones.
Si es necesario busquemos alternativas de coordinación municipal, agencias u otros mecanismos; pero de ninguna manera se puede premiar a empresas que, al incumplir con la calidad de sus prestaciones, conllevan el incumplimiento de las obligaciones y atribuciones de la autoridad, al tiempo que comprometen el ejercicio del derecho humano a la salud y a un ambiente sano. Su permanencia, a pesar de sus nulos resultados, propicia una duda razonable sobre la existencia de acuerdos marcados por la corrupción.
Exigimos detener la concesión, así como un ejercicio público y abierto para decidir quién se hará cargo del manejo de residuos urbanos y una discusión para encontrar el mecanismo idóneo para cubrir con esta responsabilidad. Si la concesión no es el modelo, que los ayuntamientos tomen el control.
