Puerto Vallarta, Jalisco. — A pesar de las alarmantes advertencias legislativas, los accidentes provocados por vehículos recreativos tipo RZR continúan azotando a Puerto Vallarta. En octubre de 2022, la diputada Yussara Canales González presentó una iniciativa de ley ante el Congreso de Jalisco para regular estos vehículos todo terreno, con el objetivo de implementar medidas de seguridad que incluyeran el uso de placas, seguros vigentes y licencias de manejo. No obstante, la propuesta fue desechada por los legisladores bajo la premisa de que la nueva Ley de Movilidad ya abarcaba estos aspectos, una afirmación que la realidad actual contradice.
En un lapso de menos de 24 horas, Puerto Vallarta ha registrado dos accidentes graves relacionados con RZR, uno de los cuales resultó en una fatalidad. Según reportes de Vallarta en Línea, un hombre perdió la vida tras volcar el vehículo en el que viajaba, mientras que otro incidente dejó a una persona gravemente herida en la carretera estatal 544. Estos trágicos sucesos reavivan el debate sobre la necesidad urgente de regular la circulación de estos vehículos, cuyo uso en espacios públicos carece de un marco normativo claro.
La iniciativa de la diputada Canales González subrayaba los riesgos asociados al diseño de los RZR, que carecen de elementos de seguridad como bolsas de aire, luces adecuadas, espejos retrovisores y silenciadores, además de su participación en eventos como el “Vallartazo”, que no solo generan daños ecológicos, sino que también han sido responsables de atropellamientos y fugas por parte de conductores no identificados.
“Estos vehículos no deberían tener un trato especial. Si circulan por espacios públicos, deben cumplir con la ley como cualquier otro automotor”, enfatizó la legisladora en su momento, reiterando la importancia de establecer regulaciones que protejan tanto a la población local como a los turistas.
La negativa a avanzar en la regulación contrasta con la creciente preocupación de las comunidades afectadas, que enfrentan no solo accidentes, sino también impactos ambientales y una evidente falta de control sobre la circulación de estos vehículos. Más de dos años después de presentada la iniciativa, los hechos recientes evidencian la necesidad de una respuesta legislativa que aborde de forma efectiva esta problemática.
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