La decisión de los partidos políticos Movimiento Ciudadano (MC) y Morena en Jalisco de impulsar la desaparición del Instituto de Transparencia ha generado preocupación en distintos sectores de la sociedad. La medida, que busca eliminar un órgano clave para garantizar el acceso a la información pública, ha sido interpretada como un retroceso en las políticas de transparencia y rendición de cuentas en el estado.
El debate sobre esta propuesta surge en un contexto donde diversos actores, incluyendo funcionarios y organizaciones civiles, han expresado su preocupación por el debilitamiento de los mecanismos que protegen el derecho a la información. La posible desaparición del instituto ha sido calificada por expertos y defensores de la transparencia como un paso en dirección contraria a la consolidación de una gestión pública abierta y responsable.
Por otro lado, el movimiento político ha sido señalado por algunos sectores como una estrategia para limitar la fiscalización y control ciudadano sobre las acciones gubernamentales. La tendencia a reducir o eliminar órganos encargados de la transparencia parece alinearse con una serie de recientes ataques a la libertad de expresión y a la labor periodística en diferentes regiones del país, que incluyen detenciones arbitrarias y reformas legales que podrían restringir derechos fundamentales.
En este contexto, voces como la del diputado Miguel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, han manifestado su rechazo a los intentos de limitar la libertad de prensa y el acceso a la información. Monraz condenó los actos que atentan contra periodistas y medios de comunicación, destacando casos recientes en los que la intimidación y la censura parecen estar en aumento, y haciendo un llamado a fortalecer las condiciones para el ejercicio del periodismo libre y responsable.
La posible desaparición del Instituto de Transparencia en Jalisco refleja una tendencia preocupante en la que autoridades y partidos políticos parecen priorizar intereses políticos por encima del derecho de la ciudadanía a estar informada. Organizaciones civiles y expertos advierten que este tipo de acciones puede socavar la democracia y facilitar prácticas de opacidad y corrupción.
Mientras tanto, la discusión sobre el futuro de la transparencia en el estado continúa, en medio de un escenario en el que la protección a la libertad de expresión y el acceso a la información son considerados esenciales para garantizar una gestión pública responsable y una ciudadanía informada. La comunidad y los actores políticos están llamados a definir si se prioriza la rendición de cuentas o el control político a costa de la transparencia y los derechos fundamentales.
