El gobierno estatal de Jalisco manifestó su confianza en la imparcialidad del proceso judicial que se sigue en contra del presidente municipal de Teuchitlán, José Ascención N, quien fue detenido el sábado pasado por su presunta vinculación con actividades ilícitas relacionadas con el Rancho Izaguirre. La autoridad estatal reafirmó su compromiso de colaborar con las instancias federales para esclarecer los hechos, sin implicaciones de sesgo político.
La detención del edil ocurrió alrededor de las 18:35 horas, cuando elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron la orden de aprehensión en las inmediaciones de su domicilio. Posteriormente, fue trasladado al Poder Judicial de la Federación con sede en Puente Grande, Jalisco, donde inició este domingo la audiencia inicial de imputación en su contra, en la sala 3 del recinto judicial.
Según las investigaciones, el alcalde está presuntamente vinculado con el caso del Rancho Izaguirre, inmueble que en septiembre de 2024 fue asegurado por las autoridades federales. En ese operativo, se detuvo a diez personas por presunta portación de armas, además de localizar restos óseos, ropa y artículos que se atribuyen a víctimas reclutadas por el crimen organizado. También se reportó la existencia de hornos clandestinos utilizados como crematorios, lo cual fue objeto de investigación por parte de la Fiscalía.
El fiscal Alejandro Gertz Manero informó en abril pasado que el Rancho Izaguirre funcionaba como centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde 2021, y que a pesar de las alertas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las acciones concretas se realizaron hasta 2024. La fiscalía también aclaró que no hay evidencias que respalden versiones sobre cremaciones clandestinas en el inmueble.
El gobierno de Jalisco, a través de un comunicado, destacó su confianza en la conducción imparcial de las investigaciones por parte de la FGR y reiteró su disposición a colaborar en todo lo necesario para esclarecer los hechos y garantizar la justicia, independientemente del cargo político de la persona involucrada. La autoridad estatal subrayó la importancia de respetar el debido proceso y mantener la objetividad en la resolución de los casos relacionados con la seguridad y la justicia en la región.
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