En una conferencia de prensa, el Fisca General de la República (FGR) Alejandro Gertz detalló los avances en la investigación sobre un rancho en Teuchitlán, que se utilizaba como centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La autoridad afirmó que existen pruebas irrefutables, incluyendo confesionales, testimoniales y documentales, que respaldan la hipótesis de que el lugar era un centro de entrenamiento y coordinación del grupo delictivo.
Desde 2021, la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco alertó sobre actividades sospechosas en ese sitio, pero las autoridades locales no tomaron acciones inmediatas. La situación se agravó en 2024, cuando fuerzas federales realizaron un enfrentamiento que culminó con la detención de 10 personas, el rescate de dos personas secuestradas y la muerte de una más, encontrada ya muerta en el lugar.
Uno de los temas que se despejaron fue la existencia de un sitio de cremación. La fiscalía aclaró que no hay evidencia que sustente esa afirmación, ya que los análisis forenses realizados por la Universidad Nacional determinaron que las áreas inspeccionadas no alcanzaron temperaturas superiores a los 200 grados, muy por debajo de los 800 grados necesarios para la cremación. Además, no se hallaron restos óseos completos o parciales, solo fragmentos de huesos con antigüedad aún en estudio.
Por otro lado, se encontraron zanjas y agujeros en el terreno, donde se realizaron fogatas, y en uno de estos sitios se halló una vasija con fragmentos óseos pequeños. La autoridad explicó que se están procesando estos restos para determinar su antigüedad y posible vínculo con personas desaparecidas. También se identificaron bolsas con ropa y prendas, las cuales serán sometidas a peritajes en colaboración con familiares y organizaciones de búsqueda, para facilitar la identificación individualizada.
Las investigaciones también revelaron que el lugar fue utilizado para capacitar y coordinar actividades delictivas, incluyendo el reclutamiento de personas, muchas de las cuales podrían haber sido víctimas forzadas. La fiscalía indicó que se trabaja en determinar el número exacto de víctimas y la posible existencia de otros centros similares en la región y el país.
Respecto a la colusión con autoridades locales, la fiscalía aseguró que ya están en marcha procesos contra policías y funcionarios involucrados, incluyendo órdenes de aprehensión y procesos judiciales. La investigación también apunta a posibles omisiones de autoridades estatales y municipales desde 2021, aunque aún no se han establecido vínculos directos con exfuncionarios de administraciones pasadas.
En cuanto a la participación del gobierno estatal, el fiscal aclaró que el gobernador ha ofrecido colaboración total y que los policías procesados son de municipios como Tala y Teuchitlán. La fiscalía aseguró que continuará con las investigaciones para esclarecer todos los hechos y responsabilidades, sin descartar la existencia de otros centros similares en diferentes partes del país.
Finalmente, la autoridad reafirmó su compromiso con las familias de personas desaparecidas y anunció que las prendas y restos hallados serán entregados a las familias para su identificación, en coordinación con organismos de derechos humanos, garantizando un proceso transparente y respetuoso.
Este caso representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad y el crimen organizado en la región, y demuestra la voluntad de las autoridades mexicanas de esclarecer hechos que conmueven a la sociedad y a nivel internacional.
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