El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con tomar represalias contra los abogados que interpongan demandas contra las políticas migratorias de su Administración. En un memorando emitido el pasado viernes y difundido este sábado por la Casa Blanca, Trump sostiene que los profesionales del derecho están contribuyendo a un «fraude desenfrenado y reclamaciones sin mérito» dentro del sistema migratorio, lo que ha llevado a la orden de que el Departamento de Justicia sancione a quienes, según él, incurran en conductas profesionales indebidas.
El documento instruye a los responsables de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a aplicar sanciones a los abogados y firmas que presenten litigios que el presidente califica de «frívolos, irrazonables y vejatorios» contra el Gobierno de Estados Unidos. Además, Trump solicitó a la fiscal general, Pam Bondi, que remita a la Casa Blanca aquellos bufetes que consideren merecedores de la revocación de credenciales y contratos con el Gobierno federal.
La decisión ha suscitado críticas inmediatas. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que ha liderado múltiples demandas contra las acciones de Trump desde su regreso a la Casa Blanca, condenó la orden. Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU, la calificó como «otro paso» hacia el desmantelamiento del «Estado de derecho» y un intento de «silenciar» a los abogados que buscan responsabilizar al Gobierno por violaciones de derechos. Wang lo describió como un «ataque sin precedentes» a los fundamentos de la libertad y la democracia en el país.
En este contexto, los tribunales federales se encuentran actualmente revisando más de un centenar de demandas contra las políticas migratorias de Trump, destacando un fallo reciente en el que un juez se opuso a su intento de negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o con visados temporales nacidos en Estados Unidos. Desde su retorno al poder el 20 de enero, Trump ha utilizado órdenes ejecutivas para ampliar los poderes del Ejecutivo, desafiando abiertamente la separación de poderes, con el poder judicial como su principal antagonista.
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