El Gobierno de Argentina presentó este viernes una denuncia penal contra varios individuos y grupos que, según su versión, promovieron la marcha en defensa de los jubilados, la cual tuvo lugar el pasado miércoles y culminó con una fuerte represión policial. La movilización, que reunió a sindicatos, organizaciones sociales y aficionados al fútbol, dejó un saldo de más de un centenar de detenidos y cerca de 50 heridos, uno de ellos de gravedad.
La denuncia, impulsada por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, señala a dos alcaldes peronistas, un exlíder de la guerrilla de los Montoneros y a grupos organizados de «barra bravas» como los responsables de haber incitado disturbios con el objetivo de desestabilizar el orden público. Las acusaciones incluyen sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada, delitos que podrían conllevar penas de hasta 20 años de prisión.
La marcha en el centro de Buenos Aires se llevó a cabo en apoyo a los jubilados que reclaman una actualización de sus pensiones, las cuales se encuentran en niveles críticos. Sin embargo, el Gobierno sostiene que los incidentes violentos fueron el resultado de una acción orquestada por estos grupos, quienes supuestamente habrían pagado a manifestantes hasta 50.000 pesos (aproximadamente 46 dólares) para participar en la protesta.
Entre los nombres mencionados en la denuncia destaca Leandro Capriotti, vinculado al club Chacarita Juniors y al líder sindical Luis Barrionuevo. También se menciona a Mario Firmenich, exjefe de Montoneros, quien desde España instó a la movilización mediante un video. Además, se citan a los alcaldes de La Matanza y Lomas de Zamora, Fernando Espinoza y Federico Otermín, respectivamente, ambos críticos del Gobierno de Javier Milei.
La respuesta del Ejecutivo ha sido contundente. Bullrich defendió la actuación de las fuerzas del orden, afirmando que se tomó la decisión de dispersar a los manifestantes violentos desde el inicio de la movilización, alegando que algunos portaban armas y estaban dispuestos a generar violencia. “Los que generan violencia van a tener como respuesta la represión del Estado”, advirtió la ministra.
Por su parte, el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, ha interpuesto su propia denuncia penal contra Bullrich por la respuesta policial durante la protesta, argumentando que los registros de los incidentes no evidencian desmanes por parte de los manifestantes. Esta denuncia también incluye al ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez.
En medio de esta controversia, el presidente Javier Milei ha respaldado a Bullrich, enfatizando que aquellos que participen en actos de violencia deberán enfrentar las consecuencias de sus acciones. La situación sigue generando un intenso debate en la sociedad argentina, donde las tensiones entre el Gobierno y sectores de la oposición se agudizan en un contexto de creciente descontento social.
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