El Salvador ha visto un reciente avance en su lucha contra el crimen organizado, con una corte especializada que ha dictado penas de larga duración a siete integrantes de la pandilla Barrio 18. Las condenas varían entre 40 y 120 años de prisión, según lo informado por la Fiscalía General del país.
Los delitos por los cuales fueron sentenciados estos pandilleros incluyen un impactante doble asesinato que tuvo lugar en una cancha de fútbol en la ciudad de San Miguel, entre los años 2013 y 2016. La Fiscalía, a través de su cuenta en la red social X, destacó que este caso fue uno de los más relevantes en la resolución de crímenes violentos en la región oriental de El Salvador.
Los condenados han sido identificados por nombre: Carlos Hernández fue el más severamente castigado, recibiendo 120 años de cárcel. Mientras tanto, Yoni Villegas y Armando Salgado fueron sentenciados a 100 años cada uno. Melvis Rivas, Edwin Flores, Roberto Valencia y Marco Guandique también recibieron condenas significativas, de entre 40 y 64 años.
La Fiscalía no especificó si estos individuos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que se implementó en marzo de 2022, una estrategia del gobierno del presidente Nayib Bukele para enfrentar a las pandillas y que ha sido objeto de controversia. Este régimen ha permitido la suspensión de derechos fundamentales, como el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones, así como la prolongación de la detención administrativa hasta 15 días.
La Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, ha renovado mensualmente esta medida, lo que ha generado un clima de tensión y preocupación en diversas organizaciones humanitarias. Hasta la fecha, se han registrado más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y muertes de detenidos, muchas de las cuales presentan signos de violencia.
Esta situación ha llevado al presidente Bukele a obtener un respaldo considerable en su política de seguridad, a pesar de las preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la prohibición constitucional de reelección inmediata. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollan estos acontecimientos en un país que lucha por salir del ciclo de violencia y criminalidad que ha marcado su historia reciente.
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