El presidente surcoreano Yoon Suk Yeol, suspendido de sus funciones, hizo su primera aparición pública ante el Tribunal Constitucional, donde defendió su controvertido decreto de ley marcial. En este contexto, Yoon negó haber ordenado a los militares que impidieran a los legisladores votar en contra de su decreto, que desató una crisis política en el país. Esta situación marcó un hito en la historia de Corea del Sur, al convertirse Yoon en el primer presidente en activo detenido por su propio decreto.
El 3 de diciembre, Yoon había decretado la ley marcial de forma abrupta, enviando tropas y agentes de policía a rodear la Asamblea Nacional. A pesar de estos intentos de control, un número suficiente de legisladores logró entrar y votó unánimemente en contra de la medida, lo que obligó al presidente a retirarla al día siguiente. Este episodio dejó al país en un estado de caos y desconfianza política.
Mientras Yoon argumentaba que su movilización de tropas no buscaba bloquear la votación, sino actuar como advertencia a la oposición, varios testimonios de comandantes militares contradicen su versión. Kwak Jong-keun, comandante de una unidad de fuerzas especiales, reveló que Yoon le había solicitado que sacara a los legisladores de la Asamblea, una orden que, según él, decidió no cumplir. Estas declaraciones aumentan la presión sobre el presidente, quien se enfrenta a un juicio político y posibles acusaciones de rebelión.
El Tribunal Constitucional tiene hasta junio para decidir el futuro político de Yoon, mientras las investigaciones sobre su conducta en relación con el decreto de ley marcial continúan. La situación ha dañado la imagen internacional de Corea del Sur, un país que se esfuerza por mantener su reputación como una democracia vibrante. La atención mediática se centra ahora en cómo Yoon manejará su defensa ante un tribunal que podría determinar su destino en la política nacional.
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