Por: Dr. Luis Arturo Jiménez Castillo
El 31 de mayo de 1863, Benito Juárez inició el crucial período de “La República Itinerante”, en donde los Poderes de la Unión se instalaban junto con él en diversas Entidades Federativas, según se lo exigieran los avances que registraba el ejército invasor francés, hasta entonces, dueño de la situación. Durante este momento histórico, el Presidente –así: con mayúsculas-, simbolizó la resistencia, la lucha por la independencia y por la soberanía de México.
Más de siglo y medio después, sin exagerar y más allá de filias o fobias, puede afirmarse que la República de nueva cuenta se encuentra en riesgo, esta vez no es por una invasión extranjera sino por la aprobación de una iniciativa de reforma Constitucional, que en los hechos trastoca el artículo 49 de la Carta Magna –de la división de Poderes-, y deforma al Poder Judicial de la Federación para subsumirlo al Poder Ejecutivo –claro: alegando los motivos más nobles para el pueblo-.
Nadie niega la necesidad de mejorar la impartición de justicia, en eso existe consenso. Pero para que eso suceda debemos atender a toda la “cadena de administración de justicia” y que involucra a las Policías, los Servicios periciales, las Fiscalías, las Defensorías y a los Colegios de Abogados, todos ellos ignorados en la propuesta ¿Cómo se puede mejorar apuntando hacia donde no está el problema y dañando lo rescatable? El punto clave no se ubica en el Poder Judicial Federal, porque su función primordial es defender a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, poniéndole límites al poder, básicamente mediante la atención y resolución de tres procesos: las Acciones de Inconstitucionalidad, las Controversias Constitucionales, y desde luego, el Juicio de Amparo.
Esta reforma Constitucional será dañina para todos, porque se están desmontando los mecanismos para la protección y la garantía de los Derechos Humanos –comenzando con la reciente reforma a la Ley de Amparo y que eliminó la suspensión con efectos generales-. Toda la maquinaria institucional que nos protege del poder, es precisamente lo que se va a destruir, y a su vez, le brindará a los poderes fácticos, la oportunidad de colocar a sus piezas desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hasta los diversos espacios en los juzgados locales. Adiós juzgadores de carrera, hola diputados judiciales.
Somos testigos de un golpe de extrema dureza al país, ello con el único objetivo de darle gusto al presidente –así: con minúsculas-. Pero si se concreta la “deforma”, no será el momento de sentirse derrotados –Juárez perdió muchas batallas-, sino de reconocer la realidad política y de actuar en consecuencia, no habrá tiempo que perder: de inmediato debe incidirse en el diseño de las leyes secundarias, para tratar de minimizar dentro de lo posible, el impacto negativo.
La realidad pondrá a cada pieza en su lugar, y si la aprobación de la reforma Constitucional es inminente, la contrarreforma es inevitable. Y el Gobierno de la Doctora Sheinbaum se dará cuenta de ello.
