El 85% de los 140 mil contratos laborales registrados oficialmente en México están en riesgo de ser cancelados debido a que no cumplieron con el plazo del lunes para ser votados por los miembros de los sindicatos, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
De acuerdo con las reformas laborales que ayudaron a la renovación del acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, México informó desde 2019 a los sindicatos con contratos registrados que debían someter sus pactos laborales a votaciones secretas por parte de los trabajadores en un plazo no mayor a cuatro años.
El pequeño porcentaje de contratos que cumplieron con la fecha límite del lunes es un reflejo de lo que las autoridades reconocen que ha sido una añeja práctica de líderes laborales que negocian contratos con nula o escasa participación de los trabajadores para garantizar que los sueldos permanezcan bajos para que puedan mantener a las fábricas en el país. Con salarios que llegan a ser hasta ocho veces menores que en Estados Unidos, México ha atraído millones de empleos de manufactura.
Hasta el plazo del 1 de mayo de 2023, sólo unos 20 mil contratos cumplieron con el requisito de votación. Los 120 mil restantes serán anulados, a menos que dichos sindicatos programen votaciones a partir de esta fecha y hasta el 31 de julio, indicó la Secretaría del Trabajo. Eso posiblemente represente apenas un pequeño porcentaje de los contratos.
Es una espada de doble filo. La depuración se deshace de una gran cantidad de contratos que únicamente existen en papel, pero también podría dejar sin contrato a una enorme porción de los 4 millones de trabajadores sindicalizados en el país.
La evidencia anecdótica deja entrever que las plantas y lugares de trabajo más grandes se encontraban entre los que renovaron sus contratos, mientras que muchos de los casi 120 mil que no cumplieron con el plazo establecido serían de empresas más pequeñas o negocios que han desaparecido.
“Mientras no exista un CCT (contrato colectivo de trabajo), la empresa debe adoptar una política de neutralidad; es decir, dar un trato igualitario a todos los sindicatos que tengan agremiados en la empresa, sin tomar represalias ni discriminar a ningún trabajador”, señaló la STPS en un comunicado.
