Por: Verónica Juárez Piña
Desde su creación, el Partido de la Revolución Democrática ha sido un férreo defensor del derecho a la salud de las y los mexicanos. Hemos demandado de forma permanente un mayor presupuesto para este sector, que se construyan más hospitales, que se fortalezca la infraestructura ya existente, se contraten más médicos y enfermeras, se atienda el desabasto de medicamentos, se fortalezcan las campañas de atención a enfermedades crónica-degenerativas y, sobre todo, se garantice el acceso universal a la salud.
En opinión del Grupo Parlamentario del PRD, la atención a estas necesidades no está garantizada en el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud que, entre otros objetivos, crean el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) -que sustituye al Seguro Popular-; aprobado en la Cámara de Diputados. Es por ello que tomamos la decisión de no acompañarlo.
Estas reformas no dan cumplimiento al derecho a la salud establecido en los artículos 4o, párrafo cuarto, y 73 de la Constitución Política, y en la respectiva norma secundaria, la Ley General de la Salud.
Como ha sido costumbre en la LXIV Legislatura, con mayoría de Morena y sus aliados, no se permitió la discusión a fondo del proyecto de dictamen, no se incluyeron las propuestas que se presentaron para mejorar el contenido, ni se escuchó la advertencia que si estas reformas no contaba con un mayor presupuesto para el sector salud, no se podrían alcanzar los objetivos propuestos.
Advertimos que no se definió una ruta para establecer la progresividad de la que se habla en el dictamen ni la cobertura de servicios; que no hay un sistema de financiamiento que garantice la equidad entre estados y Federación; que no hay definición de la calidad en la prestación de servicios; que no se establecen metas de corto, mediano y largo plazo; no hay estimación tampoco del impacto presupuestal que conlleva la creación del Instituto, y que al no haber lineamientos específicos en la ley, se prestará para el manejo discrecional del Fondo para la Atención de la Salud por parte del Ejecutivo.
Al sustentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario, señalamos que “estamos de acuerdo en una nueva política de salud; estamos de acuerdo en que los criterios para el acceso de la población a la salud sean los de la universalidad, los de la igualdad, los de la inclusión y los de la gratuidad, pero quienes estamos en esta asamblea debemos tener muy claro: aun con el acceso universal a la salud, aun con la incorporación de los 20 millones de mexicanos que hoy carecen de seguridad social a los servicios de salud y medicamentos gratuitos, aun así las desigualdades no van a desaparecer.
“Para que en realidad se resuelva este gran problema, así como los rezagos sociales, se requiere de una política de distribución más equitativa de la riqueza.
Si el Instituto de Salud para el Bienestar no recibe los recursos públicos que se requieren para ampliar esta cobertura universal de 20 millones de personas, entonces este Instituto no va a ser diferente del Seguro Popular y, por lo tanto, no se va alcanzar el bienestar del que estamos hablando”. Y, en efecto, esta es la discusión de fondo.
Con el 2.5% del Producto Interno Bruto que México destina al gasto público en salud, está muy lejos del 6% que, estima la OCDE, se requiere para proveer un sistema de salud óptimo.
“La tendencia en el gasto camina en sentido contrario. En el sexenio de Enrique Peña Nieto el presupuesto dedicado a salud bajó 2%, de 580,000 millones de pesos (mdp) en 2012 a 569,000 millones el año pasado, en términos reales. En tanto, las necesidades aumentaron; los mexicanos beneficiarios de la salud pública aumentaron en 6.3 millones, según el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP). (Forbes, 12/06/2019)
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no fue diferente en su primer año. El Presupuesto 2019 para Salud fue de $596,090 mdp, cifra 5.5% superior a la aprobada para 2018, sin embargo, el crecimiento fue mínimo en términos reales porque a este incremento hay que descontarle la inflación, la cual fue estimada en 4.83% para 2018 por el INEGI y de 3.85% para 2019, según Banxico citada. (Códigof, 17/01/2019).
A esto hay que agregarle la irresponsable política de austeridad en un sector prioritario para las y los mexicanos, que ya de por sí venía arrastrando serios problemas y deficiencias; la retención del presupuesto asignado y la impericia de las y los funcionarios que detonaron una grave crisis y movilizaciones de protestas de directores de hospitales, médicos, pasantes, derechohabientes y familiares de pacientes; ante la falta de recursos y desabasto de medicamentos.
Tan sólo 11 instituciones federales de salud como Cancerología y Neurología sufrieron un recorte de más de 2 mil 300 millones de pesos a salud en el presupuesto 2019, lo que afectó la atención a los pacientes a los que no se les pudo proporcionar adecuadamente los tratamientos y medicinas que urgentemente requieren. Lo más preocupante de todos estos casos fue la falta de medicamento a niñas y niños con cáncer, cuyos padres salieron a la calle a protestar.
El presidente de la República prometió incrementar 40,000 millones de pesos el presupuesto para salud en 2020. Eso es apenas un “mejoralito” para un paciente que requiere una atención integral con urgencia. En el PRD estamos convencidos que si no se atienden estas necesidades, las reformas recién aprobadas serán un engaño porque no garantizarán el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos.
