Por: Salvador Cosio Gaona
Tras la detención de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba que realizó hace unos días en Florencia, Italia la Policía Nacional a petición del gobierno de Los Estados Unidos de América, se ha desatado un alud de comunicados y declaraciones de las autoridades mexicanas ya que habiendo dado a conocer que había sido el régimen federal que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto quien generó la acción de la INTERPOL y esta a su vez incitó a realizar su tarea a las autoridades policiales, migratorias, de seguridad nacional y de control general de Italia, al haber entregado según la Procuraduría General de la República (PGR) importante información útil para la localización y captura del que era un prófugo de la Justicia requerido por las autoridades de México y las del vecino país del norte, ya fue desmentida la PGR por el gobierno italiano.
Dejó claro que fue el gobierno norteamericano el que incitó a la acción para identificar, localizar y capturar al exAlcalde de Matamoros, ExLegislador y también exgobernador de Tamaulipas, ese que soñó con ser candidato a la Presidencia de la República por su partido el Revolucionario Institucional (PRI) para la elección de julio de 2006.
Lo cierto es que será Italia quien decida a que país extradita a Tomás Yarrington, pero incluso es posible que decida que el capturado permanezca en suelo italiano si consiguen suficientes elementos como para abrir una causa criminal en su contra y por ende, deba primero ser juzgado por ese país europeo antes que extraditarlo.
Lo cierto es que Yarrington enfrenta severos cargos por presuntos delitos calificados como crímenes graves y lo único claro es que no saldrá libre muy pronto. Pero el tema delicado es que si en efecto Yarrington Ruvalcaba estaba siendo buscado desde hace años e incluso se ofertaba importante recompensa por información que condujere a su localización, la Procuraduría General de la República (PGR) no atinó a indagar por diversas huellas, entre ellas las de los escoltas que el propio gobierno de Tamaulipas otorgó al hoy prófugo y que resulta obvio podrían conocer del paradero del prófugo.
Pero ante la declaracionitis de voceros de diversas dependencias mexicanas como la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en el sentido de estar gestionando ante el gobierno de Italia la extradición del detenido para efectos que sea juzgado en nuestro país, asegurando que es muy factible que se logre y en un lapso breve, hay además del desmentido del gobierno italiano en cuanto a la petición de captura, la información que surge desde el vecino país del norte en el sentido que ese gobierno está reclamando sea hacia esa nación donde se remita a Yarrington y allá sea juzgado.
Hay trascendidos en el sentido que la PGR ya informó al Departamento de Justicia de Los Estados Unidos de América que acepta ceder la extradición del ex Gobernador Yarrington a ese país.
Según el medio, autoridades mexicanas llamaron el pasado lunes por la tarde a la dependencia estadounidense para informarle sobre la decisión de que el ex mandatario sea extraditado al país vecino.
Aún no hay explicación clara de parte del gobierno federal mexicano sobre esto y quizá en los próximos días haya noticias claras al respecto, además que será importante la indagatoria sobre los cómplices de Yarrington, tanto para cometer los crímenes de los que se le acusa como para mantenerse libre, protegido e impune por tantos años.
Pero en Tamaulipas reina desde hace muchos años el imperio del crimen organizado y resulta ingenuo aceptar lo que afirma Mercedes Guillén Vicente, quien fuere Secretaria en el Gobierno de Yarrington y es ahora Legisladora Federal por el PRI, ex sub Secretaria de Gobernación del régimen federal a cargo de Peña Nieto y que además estuvo a punto de ser la Candidata priista al gobierno del estado fronterizo, para quien nadie nunca pudo darse cuenta de las relaciones con criminales y los actos delictivos de Yarrington. De nuevo hay que señalar entonces las fallas garrafales del sistema de investigación para la seguridad nacional del gobierno federal mexicano o quizá sea mejor decir o hablar del sistema de complicidades.
Sistema de complicidades que prohíja el imperio del narco en la vida política e institucional de México que vuelve a lucir con la detención del exfiscal general de Nayarit, Édgar Veytia Cambero y ahora por el contexto en el que se genera la captura del exgobernador Yarrington en Italia.
Al pueblo de México le conviene que así como en Los Estados Unidos de América está encarcelado y aportando datos Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, que seguramente lo hará también el recién detenido Édgar Veytia y que de ser remitido a ese país allá sea debidamente juzgado y condenado como se merece el tal Yarrington, ya que en México podría ser protegido como lo era Veytia y cual lo son otros personajes como Humberto Moreira, Eugenio Hernández, Jesús Reyna, Fausto Vallejo, entre otros libres, prófugos e impunes, o que estando detenidos son tratados con algodones y pronto puedan salir de la carcel en razón del sistema de complicidades.
Ojalá algún día se llevaran también al tal inculpado de nombre Sergio Kurt Schmidt, a quien se le detuvo hace ya muchos meses acusado de ser operador del Cártel Jalisco Nueva Generación y nada se sabe aún en cuanto al alcance y avance de su proceso penal y sobre todo en relación a sus cómplices, entre los que se ha dicho hay políticos destacados de muchos partidos, que incluso anhelan ser candidatos y gobernar para seguir empoderados y actuar impunemente.
Y con Duarte…
Tras haber huido de su entidad y del país desde mediados de octubre de 2016 con ayuda del ahora también detenido exgobernador interino Flavino Rios, quien le puso a sus órdenes el helicóptero del Gobierno del Estado de Veracruz que lo transportó sin que el eficaz sistema de investigación lo haya detectado, y tras andar a salto de mata cerca de su tierra fue finalmente detenido el pasado día sábado 15 de abril en Pajanachel, Guatemala, el ex Mandatario de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, curiosamente sin capturar hasta ahora a ninguno de sus cómplices conocidos ni mucho menos a quienes le ayudaron a perpetrar sus crímenes y a huir, pero la mala noticia es que aunque los delitos cometidos por Duarte de Ochoa y socios son del fuero común, como también hay componente federal en ellos, será el gobierno federal quien lo encauce a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la forma en que actúe para extraditarlo y como realice adecuada o ineficazmente la consignación, dependerá el éxito para que el personaje sea debidamente juzgado y eventualmente condenado por autoridades judiciales.
Dicen en el pueblo que ‘perro no come perro’ y es así como el propio régimen político que toleró durante casi seis años la brutal corrupción de Javier Duarte, será ahora el encargado de procurar sea juzgado.
Y el temor social es que la captura de Javier Duarte no necesariamente genere una condena y sanción ejemplar acorde a sus crímenes, ya que mucho se escucha, la llamada vox populi o voz del pueblo, que desde el año 2000 cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la elección y por ende la Presidencia de la República, se vio obligado a refugiarse en los gobiernos de los estados que controlaba y como también conservó el poder en las cámaras de diputados y senadores, ello le permitió canalizar crecientes sumas de recursos fiscales a sus gobernadores acorde a la política de descentralización del gasto público que había sido inicialmente impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN), pero que fue utilizada ventajosamente por el PRI para mantener espacios de ejercicio presupuestal que le permitieron financiar las campañas políticas a nivel nacional.
Se dice que gobernadores emanados del PRI no solo hicieron uso discrecional de los recursos públicos, sino que algunos hicieron pactos con el crimen organizado, con el fin de financiar sus campañas y consolidar su poder local.
Se dice que tanto el Presidente Enrique Peña Nieto como varios de sus más cercanos colaboradores tenían pleno conocimiento de los excesos de Javier Duarte de Ochoa desde el principio de su mandato, pero era más grande el compromiso hacia él por el apoyo que en su momento les propició para la campaña electoral presidencial de 2012 que la necesidad de frenarlo y generar sanción.
Lo mismo se puede presumir de otros ex mandatarios señalados como presuntos delincuentes, que están protegidos o fueron protegidos por ser demasiado el compromiso con ellos de parte del poder central.
El exgobernador de Tamaulipas entre 1998 y 2004 Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba recién detenido en Florencia, Italia, está acusado en Los Estados Unidos de América por delitos graves como lavado de dinero y asociación delictuosa para facilitar la exportación de droga, al igual que su sucesor, Eugenio Hernández quien gobernó la entidad entre el 2004 y el 2010, el cual se encuentra prófugo y acusado también en el vecino país del norte y no en México, ya que en México ‘extrañamente’ no tiene causa penal abierta en su contra.
Tiene fama pública que el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, quien ejerció el mandato entre 2004 y 2010, recibió recursos del crimen organizado para financiar su campaña y después permitió la libre entrada de los tristemente célebres Zetas, llevando al estado a una espiral de violencia que no termina. Se ha señalado que también hubo respaldo hacia las campañas electorales de su partido.
El ex gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, que ejerció el poder de 1998 a 2004, alcanzó fama nacional por su negativa rotunda a ser auditado por la auditoría federal a pesar que el 98% del presupuesto de su estado se originó por transferencias del presupuesto federal y también se afirma que fue muy generoso apoyando campañas al igual que se ha dicho que siendo gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto fue capaz de apoyar económicamente las campañas de muchos de sus correligionarios priístas en todo el país.
Los jóvenes gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa que gobernó de 2010 a 2016, el de Chihuahua César Horacio Duarte gobernante también de 2010 a 2016 y el Quintana Roo, Roberto Borge que fue mandatario en el mismo periodo 2010-2016, eran anunciados y promovidos como los rostros ejemplares del PRI, superaron a sus antecesores en materia de corrupción, destacándose el caso de Javier Duarte, quien rebasó todos los límites, a grado tal que dejó a Veracruz en una crisis total.
Pero además de Yarrington, Eugenio Hernández, Borge y los Duarte, todos del PRI, están otros muchos priístas más impunes, como también otros muchos personajes corruptos que siguen libres y pertenecen a otros partidos como Emilio González Márquez (PAN), Juan Sabines y Marcelo Ebrard (PRD).
Hará falta mucho más que la captura de Duarte de Ochoa o la detención por los gringos de Yarrington para que haya justicia en México. Hará falta mucha voluntad política y esta provendrá del pueblo. Ojalá pronto sea así, porque ya Urge!.
@salvadorcosio1
[email protected]
