En la que por inicio parece buena intención del Ayuntamiento de Guadalajara -para ahorrar- con la modificación al contrato de recolección de basura que desde hace varias administraciones se mantiene con la empresa Caabsa Eagle, será pertinente se conduzcan con todos los cuidados que resulten necesarios.
Ya varias veces, las buenas ideas o mejores intenciones de los Ayuntamientos han resultado más dolorosas que realmente benéficas.
Y en este caso en particular, el riesgo es que todo termine judicializándose y que -tarde o temprano- salga más caro el caldo que las albóndigas.
Vale la pena recordar que el contrato con Caabsa vencía hacia 2007, pero cuando Emilio González Márquez fungía como Presidente Municipal de Guadalajara, se hizo un “addendum” para que el mismo se mantuviera.
Dicha adecuación fue incluso impugnada por un tercero.
Pero en esta ocasión, ante los pretendidos cambios al contrato que en días pasados avaló el Cabildo en pleno, es la propia empresa concesionaria quien podría inconformarse.
Ya en otras ocasiones por diferencias con la autoridad, Caabsa Eagle ha amagado con recurrir al arbitraje internacional, por tratarse de una empresa que cuenta con inversión extranjera. Algo similar a lo emprendido por Eumex, compañía a la que se había concesionado el equipamiento urbano (con los parabuses).
El Presidente Municipal de Guadalajara y sus funcionarios argumentan que con los ajustes al contrato de concesión para el manejo y recolección de basura se lograrán importantes ahorros. Entre las medidas que se proponen, destacan la aplicación de una tarifa diferenciada por la recolección, el transporte de residuos, la transferencia, tratamiento y disposición final.
Pero insisto, esperemos que antes que el mutuo amago, se logren los acuerdos.
Que el Alcalde lance la sentencia: »Si Caabsa no quiere firmar, vamos a ir quitarles la concesión. Se acabaron los abusos», no es ni será nunca el mejor camino.
Argumenta Enrique Alfaro que tiene elementos para demostrar dichos abusos. Pero en ese tenor, su obligación y la de su equipo debería ser encontrar los escollos legales para -ahí sí- retirar la concesión, sin más negociaciones.
Mas reitero, primero las pruebas y luego las decisiones sensacionalistas. Los elementos legales por delante de las buenas intenciones.
