Por:Verónica Juárez Piña
La feroz campaña que el presidente ha desatado en contra de Xóchitl Gálvez, una de las candidatas a coordinar la Construcción del Frente Amplio por México, confirma que el de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno violentador de los derechos humanos de las mujeres, para lo cual utiliza de manera ilegal las instituciones y los recursos públicos.
Sorprendido por el impacto mediático que ha logrado la estrategia política del Frente Amplio por México, López Obrador ha recurrido a la descalificación y acusa sin pruebas sólidas a las y los aspirantes con mayor posicionamiento. En particular, ha enfocado sus baterías en Xóchilt Gálvez.
En torno a este tema, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que las expresiones de López Obrador pueden constituir violencia política de género y ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) realizar un nuevo análisis de las medidas cautelares solicitadas por la legisladora panista para poner un alto a la violencia presidencial y que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto había declarado improcedentes.
En acatamiento a la sentencia del TEPJF, la comisión aprobó otorgar las medidas cautelares y ordenó al titular del Ejecutivo Federal abstenerse de realizar “manifestaciones o expresiones en cualquier modalidad” que pudieran constituir violencia política en razón de género en contra de Xóchilt Gálvez.
En ese mismo sentido, un juez federal concedió a la legisladora una medida cautelar que ordena al presidente y a funcionario de su gobierno, que se abstengan de realizar manifestaciones “con malicia” contra la senadora. (Milenio, 07 de agosto de 2023).
Acostumbrado a victimizarse luego de lanzar ofensas y descalificaciones, Andrés Manuel señala tanto al INE como al TEPJF de pretender coartar su libertad de expresión, sin reconocer, por supuesto, las violaciones a los derechos humanos que implica acusar sin pruebas y la inequidad que genera su empeño de usar los recursos públicos para influir en el proceso electoral de 2024.
Su actitud autoritaria es de tal magnitud que, en la mañanera del 7 de agosto, amenazó con promover el desafuero de los magistrados del TEPJF, con el supuesto de que tergiversaron sus dichos, aunque estos sean públicos.
En este contexto, resultan sumamente preocupantes las expresiones de Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en las que justificó la violencia política contra las mujeres y les pidió “aguantar vara”.
Así, en lugar de dar complimiento a la misión de INMUJERES de contribuir a la política nacional en materia de igualdad sustantiva, así como a la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas gubernamentales, las declaraciones de Nadine Gasman se visualizan como un intento de justificar la conducta misógina y machista del presidente.
La lucha histórica del feminismo ha incluido la erradicación de la violencia que afecta a las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo la política y, por ello, resulta inaceptable que Nadine Gasman pretenda que las mujeres acepten y normalicen la violencia política de género, como una acción cotidiana en la vida política de nuestro país.
La violencia política acota la participación de las mujeres en los espacios públicos, vulnera sus derechos políticos y, en muchas ocasiones, pone en riesgo su integridad física.
De tal manera que la actitud de López Obrador, y de integrantes de su gabinete que lo imitan de manera vergonzosa, es inaceptable y bajo ninguna circunstancia lo vamos a permitir. Seguiremos dando la lucha por las mujeres y por nuestro derecho a participar en la vida política del país.
