A casi dos meses del enfrentamiento entre la CNTE y policías, que dejó un saldo de ocho muertos, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido entrar a Nochixtlán, Oaxaca, para realizar las investigaciones del caso.
El subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales, Gilberto Higuera, explicó que las indagatorias se han tenido que realizar a distancia y a través de otros procedimientos no presenciales.
«Estamos trabajando intensamente para () tener acceso a Nochixtlán, para estar en el lugar donde se registraron los hechos, independientemente de que la Procuraduría General de la República se está allegando los medios de prueba necesarios para saber lo que ahí ocurrió», dijo.
«Ciertamente, aunque no hemos estado en el lugar donde ocurre el suceso, la legislación procesal nos permite, y las técnicas de investigación, poder obtener datos y medios de prueba sin necesidad de ello».
Luego de reunirse con integrantes de la Comisión Especial de seguimiento al Caso Nochixtlán del Congreso, el funcionario informó que están en labores de conciliación para tener acceso a la población oaxaqueña y realizar las diligencias pendientes.
Tras ratificar que en la confrontación participaron civiles armados, el subprocurador aceptó que no tienen información exacta sobre el calibre de los proyectiles presuntamente disparados contra los elementos policiacos, ya que no cuentan con las ojivas.
Higuera se negó a responder sobre el perfil de las seis o siete organizaciones civiles que son investigadas por haber participado en los hechos, a pesar de que no pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ni están relacionados con el conflicto magisterial.
A pregunta expresa, rechazó referir si esos colectivos están vinculados con grupos guerrilleros o con partidos políticos.
En conferencia, el subprocurador reveló que sólo cuentan con una denuncia de un civil que resultó herido en el enfrentamiento, ya que el resto de las posibles víctimas no han iniciado ningún recurso formal ante la autoridad.
El Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, detalló, no fue citado a declarar para el caso, pero sí entregó un informe de los hechos, al igual que el resto de los mandos policiacos involucrados, lo que formó parte inicial de la averiguación.
Al hacer un recuento de la información proporcionada por la Procuradora Arely Gómez, la presidenta de la Comisión, Mariana Gómez del Campo, informó que ya se cuenta con 32 carpetas de investigación por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad, lesiones, daño en propiedad ajena, robo de uniformes y equipo y ataques a vías de comunicación, entre otros.
Gómez del Campo dijo que además de los policías lesionados, dos helicópteros registraron daños por arma de fuego y cohetones.
FUENTE: MURAL
