Jalisco, con alto grado de impunidad, revela estudio

Jalisco, con alto grado de impunidad, revela estudio

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México está inmerso en la impunidad, es un problema generalizado, ninguna entidad está exenta y 25 de ellas se clasifican como muy elevados y altos índices. La ineficacia institucional en materia de procuración e impartición de justicia se acumula y forma una cadena en las distintas fases del proceso: desde la comisión del delito, la integración de un expediente, la investigación, la posible sentencia del inculpado y la reparación del daño a la víctima.

Así lo revela la investigación que durante nueve meses realizó la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, que concluye que la media nacional de impunidad es alta y se ubica en 67.42 puntos. Se trata de un documento que analiza el fenómeno con indicadores específicos por cada entidad del País.

Ante el comportamiento de la impunidad y la forma en que los gobiernos han enfocado las políticas públicas para contrarrestar el fenómeno, la UDLAP, que encabeza el doctor Luis Ernesto Derbez y su equipo de especialistas, elaboró el Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2016, con información oficial obtenida de diversas fuentes como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La investigación arroja que en el País sólo siete de cada 100 delitos cometidos se denuncia; datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2013, indican que la cifra negra alcanzó un porcentaje no menor al 92.8 por ciento.

Actualmente, del total de los delitos consumados sólo 4.46 por ciento llegan a una sentencia condenatoria; la impunidad entonces es mayor, está en los márgenes de 99 por ciento, puesto que uno por ciento de los delitos son castigados.

Al desglosar cada entidad de las 25 que están en la lista de muy elevada y alta impunidad, se revela que existe un problema de gobernanza, “que rebasó a todas las instancias de gobierno, que no pueden atender éste problema de manera aislada”, ante un fenómeno multicausal y atribuible a los tres niveles de gobierno.

Para obtener los resultados del grado de impunidad, el IGI-MEX 2016, bajo la coordinación de los investigadores Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, se seleccionaron 17 variables de los sistemas de seguridad y justicia, excepto la dimensión de las garantías individuales, “pues se encontraron vacíos en los reportes de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos”.

De acuerdo con el diagnóstico, 13 estados están en un grado de impunidad muy alta o elevada: Quintana Roo con 76.61 puntos; el Estado de México 76.48, Baja California 74.42; Durango 73.97 puntos; Tamaulipas 73.38; Guerrero 73.19; Coahuila 72.93; Yucatán 72.80; Veracruz 72.38; Querétaro 72.24; Nuevo León 71.63; Oaxaca 71.63 y Baja California Sur 70.74.

Las 11 entidades con un grado de impunidad alta son: Morelos con 69.37 puntos; Sinaloa 69.34; Puebla 69.19; Tabasco 69.10; Aguascalientes 68.37; Hidalgo 67.90; Tlaxcala 67.69; Jalisco 67.45; Colima 67.01; Zacatecas con 66 puntos y Guanajuato con 65.15.

En el documento se clasificó a Michoacán en el grado de impunidad atípica, con 67.71 puntos, que está por encima de la media nacional, “considerando la situación de violencia, delincuencia organizada y restructuración que ha sufrido en los últimos años, el indicador obtenido no refleja suficientes niveles de confianza con la realidad del estado”.

Al analizar las variables se obtuvo que en el grado de impunidad media se ubica en Chiapas con 59.96 puntos; Chihuahua 59.94; Sonora 58.41; Distrito Federal 56.97 y San Luis Potosí con 56.86 puntos; mientras que la impunidad baja está en Nayarit con 50.42 puntos y Campeche con 47.22.

En el documento se emiten 16 recomendaciones claves para revertir este fenómeno, como implementar un verdadero sistema de profesionalización de las instituciones de seguridad en el ámbito local; además, advierte que el nuevo sistema de justicia penal puede fracasar si los elementos operativos y administrativos de seguridad locales no están debidamente capacitados.

Otros puntos importantes que propone el IGI-MEX 2016 es revisar la autonomía, capacidades y funcionamiento de las instituciones de justicia de los estados; garantizar la autonomía de las fiscalías; evaluar las capacidades y funcionamiento del actual sistema penitenciario, así como la autonomía de las Comisiones de Derechos Humanos de cada entidad.

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