Por: Salvador Cosío Gaona.
Hace casi un año, hasta ofendidos se sintieron los funcionaros mexicanos cuando desde los organismos multilaterales de alcance global, se señaló a México como una Nación de alta incidencia en prácticas de tortura y con profusa corrupción e impunidad. Pero ahora el peso de los hechos negativos y la amplia difusión que de ellos se ha generado a nivel nacional e internacional, ha propiciado un forzado cambio de actitud gubernamental, dado que no sólo ha debido aceptarse la grave problemática creciente sino que también altos funcionarios federales han debido ofrecer públicamente disculpas tras ser balconeados graves asuntos criminales propiciados por integrantes de fuerzas armadas.
Y es que al paso del tiempo, luego de que se dieron a conocer imágenes y audio de cómo fue salvajemente torturada una joven en Guerrero por varias mujeres militares y un agente de la Policia Federal (PF) para obtener forzada e ilegalmente una confesión, aparecen nuevos datos que acendran el repudio social por la actuación bárbara de esos elementos de seguridad que han violentado las garantías y derechos humanos fundamentales y motivaron esa ya famosa disculpa que fue expresada por el Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos y a la que sumó el Titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, debiendo salir a la palestra el Subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa, para hablar y ‘dar la cara’ por el Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
Lo cierto es que los entes responsables de prodigar seguridad a la sociedad cargan el desprestigio provocado por las ya demasiadas acusaciones de abuso de autoridad, extorsión, desaparición forzada, complicidad con criminales y ejecuciones extrajudiciales arteras que pesan en relación a varios elementos nefastos, no obstante el desempeño eficiente y honesto de muchísimos de sus integrantes.
Y ya desde hace tiempo se ha estado desmoronando la confianza de la Sociedad Mexicana en relación al Ejercito, y fue el propio alto mando del Ejército que hace pocos días reveló una lista de más de 100 delitos que casi 10,000 militares cometieron durante los últimos años en las calles, que van desde el robo, homicidio, allanamiento de morada, agresiones sexuales, protección para la fuga de sospechosos, siembra y transporte de droga, abuso y violencia contra las personas, traición y hasta inhumaciones y exhumaciones clandestinas, actos que en su mayoría, dijeron, ya fueron sancionados por los tribunales militares.
Lo cierto es que por el cúmulo de acontecimientos suscitados en ese tenor de ser reputados como abusos de autoridad y golpes a la población por parte de quienes se sirven de ella en vez de serles de alguna utilidad y especialmente por la gran difusión que de esos actos impropios se hace, es que el gobierno federal mexicano está en el grado más bajo de credibilidad social y lo más inquietante es que esa pérdida acumulativa de confianza se presenta cada vez más acentuadamente en el entorno internacional.
Y como se ha señalado, las circunstancias han obligado al gobierno federal mexicano que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, a aceptar lo que hace algún poco tiempo rechazó categóricamente e incluso fue mediante actitudes altaneras de altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como se intentó denostar a personeros importantes de organismos multilaterales de orden internacional y ahora, como dicen popularmente, el gobierno ‘se mordió la lengua’, ya que ha quedado en ridículo al aceptar ahora la alta incidencia de tortura como insana práctica habitual en instituciones de seguridad.
Valga recordar que los diversos medios de comunicación con impacto nacional y algunos de índole internacional, dieron difusión a la agreste réplica que el entonces Subsecretario de Relaciones Exteriores y Representante de México ante organismos internacionales, el Embajador Jorge Lomonaco, expresó en tono soez al Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, quien señaló la proliferación de la tortura en México y la impunidad que el gobierno prohijare al respecto, y para ilustrar se transcribe parte de la nota publicada al respecto el 19 de abril de 2015 por el diario La Jornada.
•»Rechaza México informe sobre práctica generalizada de tortura». ‘El gobierno de México rechazó que la práctica de la tortura en el país sea “generalizada”, como afirma en su informe el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez y se rechaza la aseveración en el sentido de que la tortura es una práctica generalizada en el país, ya que no corresponde con la realidad ni refleja los enormes esfuerzos que se han desplegado para consolidar en la ley y en la práctica, una cultura de respeto a los derechos humanos, advirtió el representante permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Jorge Lomónaco. Recordó que “el Estado mexicano cuenta con un andamiaje jurídico y una determinación institucional que favorece y amplia el espectro de protección a los derechos humanos”, y que para prevenir y atender la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, se han promovido leyes como la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, a fin de asegurar que todo el personal militar implicado en presuntas violaciones de derechos humanos contra civiles sea investigado, encausado y juzgado por el sistema de justicia ordinario. La publicación de los Protocolos de cadena de custodia, preservación de evidencias y uso de la fuerza, además de la presentación de la iniciativa de ley federal para la regulación del Uso de la Fuerza, la promulgación de la Ley General de Víctimas y el establecimiento de las instancias para garantizar la adecuada reparación de las víctimas, entre otros.»
Y ademas de la agresión verbal , Mexico negó al Relator Méndez de la ONU la posibilidad de visitar nuevamente nuestro País, pero ahora, el escenario es distinto, pues tras la difusión profusa de un video que contiene las imágenes de la forma en que fue torturada en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero una joven de 21 años de nombre Elvira Santibañez Margarito, señalada de posible vinculación con el crimen organizado y a quien propinaron golpes, esquemas de asfixia, amagos con armas y otras técnicas rudas e ilegales para obtener una confesión forzada, se motivó la orden presidencial de ofrecer la ya conocida disculpa pública por Cienfuegos y Sales, al comprobarse la participación de mujeres militares y elementos de la Policía Federal, y como ha sido ampliamente difundido, el Subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa, ha tenido que reconocer oficialmente que en efecto en México hay una insana y recurrente práctica de tortura cometida por corporaciones policiales y fuerzas armadas federales.
Y por ello resulta inútil que el Subsecretario Campa Cifrián aceptare la tortura como una usual costumbre perversa y criminal en las instituciones militares y policiacas en México, ya que esa aceptación no va acompañada de acciones eficaces del gobierno federal para identificar y sancionar culpables y buscando abatir la impunidad, para procurar la erradicación del salvaje abuso del poder de las armas que generan muchos mandos y funcionarios de mediano y alto nivel en las corporaciones que deberían hacer imperar orden y legalidad y en vez de ello prohíjan caos, crimen y terror.
Tampoco tiene utilidad alguna la hipócrita disculpa pública que han expresado el General Cienfuegos Zepeda y el Comisionado Nacional de Seguridad Sales Heredia, y no sirve de nada ese mea culpa sin que lleve aparejado el reconocimiento a las muchas y muy conocidas barbaridades cometidas por elementos y jefes de fuerzas del orden que deben ser castigados por su participación en diversos asuntos criminales espinosos.
La instrucción presidencial de reconocer responsabilidad oficial en relación a la insana forma de vejar al pueblo por elementos y comandantes de fuerzas armadas, auspiciada por sus jefes administrativos y políticos, se generó por la llamada de atención de líderes políticos y empresariales estadunidenses y germanos reprobando la ineficaz actividad del gobierno mexicano para salvaguardar los derechos humanos fundamentales; ya que un reciente reporte del Departamento de Estado de Los Estados Unidos de América fue devastador al señalar: “el involucramiento de policías y militares en serios abusos, como asesinatos extrajudiciales, tortura y desapariciones, la impunidad y la corrupción en el sistema de procuración y administración de justicia es un problema serio por la gran ineficacia existente para juzgar y condenar todo tipo de crímenes”, y en el marco de su reciente gira por ciudades alemanas Peña fue duramente reprendido tanto por el Presidente Joachim Gauck como por la Canciller Ángela Merkel, secundados por prominentes empresarios teutones, que aseguran que en México no existe el Imperio de la Ley ni prevalece El Estado de Derecho y tildan de catastrófica la preservación de los derechos humanos fundamentales, lo que debe preocupar sobremanera por ser Alemania el país más poderoso de Europa y su economía una de las más influyentes en el mundo, siendo además el primer socio comercial de México en la Unión Europea y el quinto a nivel global.
Por ello es imperativo el reconocimiento a las muy conocidas barbaridades cometidas por elementos y jefes de fuerzas del orden que deben ser castigados por su participación en diversos asuntos criminales espinosos, siendo oportuno recordar lo ocurrido en el poblado San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya en el Estado de México, donde tras asegurarse oficialmente que 22 criminales habrían muerto en enfrentamiento directo con soldados, se descubrió que el Ejército realizó dantesca ejecución extrajudicial sin importar hubiere víctimas inocentes e incluso menores de edad; sin olvidar el asesinato de Martín y Bryan Almanza de 9 y 5 años de edad, acribillados a mansalva el 3 de abril de 2010, por soldados que abrieron fuego contra el vehículo en que viajaban con sus padres al pasar por un reten en Ciudad Mier, Tamaulipas; al igual que el acribillamiento a Jorge Mercado y Javier Arredondo, jóvenes estudiantes del Tecnológico de Monterrey, masacrados en esa ciudad por militares el 19 de marzo de 2010, habiéndoles sembrado posteriormente armas a sus cadáveres, buscando fabricar la burda mentira en cuanto a que el crimen resultó motivado por la acción bélica de los muchachos cobardemente ejecutados, sin dejar de recordar lo ocurrido en Apatzingán, Iguala, Aguas Blancas, Ostula, Tanhuato, entre otros muchos vergonzosos acontecimientos que ejemplifican la barbarie e impunidad que priva en México.
Solo podrá recuperarse paulatinamente la credibilidad social en las instituciones gubernamentales, cuando haya actos serios y coherentes en pos de abatir corrupción e impunidad, que junto con la creciente criminalidad y violencia son los principales generadores de pobreza e incremento delincuencial y causantes mayores del decaimiento de nuestra economía, pero no hay señales claras que indiquen que pronto el Gobierno habrá de realizar acciones que provoquen recuperar tranquilidad y crecer económicamente lo suficiente y lograr mejor calidad de vida.
El pueblo estaba harto y buscará incidir en las urnas para elegir mejores gobernantes que en realidad procuren los cambios que México requiere para mejorar, pero el hartazgo podría combinarse con la pérdida de confianza en los sistemas de participación social por la vía electoral y al cundir mayor desesperación ante la crisis económica y de inseguridad, no es lejano se generen protestas acompañadas por desobediencia civil a los gobiernos, incubándose la aparición de grupos de autodefensa y autonomía en la gestión gubernamental, siendo más grave el peligro de que el fastidio social se traduzca en una revolución armada, que pugne por cambios violentos ante la incredulidad en los cambios por la vía pacífica. Aún es tiempo de entenderlo y evitar ingobernabilidad y desestabilización del país.
Y aunque seguramente seguirá surgiendo información sobre el escándalo más recientemente conocido, ya hay por lo pronto nuevos datos, como el que quizá por saber que en algún medio informático sería próximamente balconeado por ocultar información, el gobierno federal volvió a salir a rectificar datos, ya que primeramente se había señalado la participación de 3 mujeres soldados y un elemento de la Policía Federal, pero ahora resulta que el Comisionado General de la PF de nombre Enrique Galindo, dio a conocer que fueron tres y no uno los elementos de esa corporación que participaron en los actos de tortura contra la joven mujer en Ajuchitlán, Guerrero, en febrero de 2015, informando además que dichos elementos, cuyos nombres no reveló, ya fueron suspendidos administrativamente de la corporación y son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR).
Es importante hacer eco de las expresiones del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez, cuando dice con razón que no basta con disculpas y aceptación de los problemas, ya que lo urgente es sancionar ejemplarmente a todos los culpable sin distingo de rango o importancia sociopolítica. Exijámoslo!
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