El Distrito de Columbia interpone acción judicial para frenar la intención del gobierno federal de asumir el control del Departamento de Policía, en medio de una escalada de tensiones que refleja una confrontación por la autonomía local y las decisiones de seguridad pública. La iniciativa llega horas después de que la administración Trump designara a un funcionario federal como nuevo jefe de emergencia de la fuerza policial, en un movimiento que ha sido calificado por las autoridades locales como ilegal y potencialmente caótico.
En una demanda presentada ante un tribunal federal, el fiscal general de Washington, Brian Schwalb, solicita una orden de restricción de emergencia para bloquear la designación del funcionario federal, argumentando que la medida viola leyes locales y que su implementación podría desatar un caos operativo en la fuerza policial. Schwalb aseguró que esta acción representa la mayor amenaza al autogobierno en la historia reciente de la ciudad, que, pese a los desafíos de seguridad, mantiene tasas de criminalidad moderadas y un funcionamiento institucional estable.
El conflicto se intensificó tras el anuncio de la secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, quien informó que Terry Cole, jefe de la DEA, asumirá funciones de liderazgo en el Departamento de Policía y tendrá autoridad para aprobar órdenes a los agentes en la ciudad. La medida, que deja en incertidumbre el rol de la actual jefa de policía, Pamela Smith, generó rechazo tanto en el alcalde local, Muriel Bowser, como en las autoridades judiciales del distrito, que consideran que la orden excede las competencias del ejecutivo federal y atenta contra la autonomía del gobierno local.
El fiscal general del Distrito de Columbia ha denunciado que la directiva de Bondi, que busca coordinar acciones relacionadas con inmigración y seguridad, viola la ley y contradice las políticas de «puertas abiertas» adoptadas por la alcaldesa, que promueven un enfoque de protección y colaboración con comunidades inmigrantes. La disputa también revela un enfrentamiento más amplio entre la administración Trump y las autoridades locales, en un contexto donde el presidente ha intentado extender su influencia sobre la capital, a pesar de que Washington, D.C., tiene un estatus de autogobierno limitado desde 1973.
Mientras tanto, la presencia de fuerzas federales en la ciudad se ha incrementado notablemente, con militares, agentes de la Guardia Nacional y del Servicio Secreto desplegados en puntos clave y en zonas de alta afluencia pública. Los residentes, acostumbrados a una relativa tranquilidad en comparación con otras grandes urbes, observan con inquietud el aumento de la movilización de tropas y las medidas de seguridad, que incluyen puestos de control y patrullajes en áreas concurridas. La alcaldesa Bowser ha manifestado públicamente su rechazo a la transferencia de autoridad, subrayando que no existe base legal para que funcionarios federales asuman control directo sobre las fuerzas policiales del distrito.
Este escenario evidencia un momento de alta tensión institucional y política, donde las decisiones del gobierno federal buscan consolidar un control más directo sobre la seguridad en la capital, poniendo en jaque la estructura de autogobierno y generando incertidumbre entre los residentes y las autoridades locales. La demanda presentada por Washington busca impedir que estas acciones sigan adelante, defendiendo la autonomía de la ciudad y la legalidad de su sistema de seguridad pública.
Fuente: AP News
