Por: Arq. Carlos Enrique Martinez Gutiérrez
Tradicionalmente el problema de la vivienda se ha visto como un reto a solucionar en el país, la explosión demográfica causó sus mayores efectos en los años 70s y 80s aunado al rezago acumulado a través de los años en las ciudades y el olvido de políticas de vivienda en las pequeñas ciudades y zonas rurales.
Una de las principales obligaciones que la Constitución impone es el derecho a una vivienda digna y decorosa, este precepto no se ha cumplido y menos solucionado en los últimos 30 ó 40 años.
Por otro lado, el abandono del estado como rector de la política de vivienda convirtiéndose en agente financiero solamente, transfirió su facultad a los particulares, dejando a las fuerzas del mercado la construcción y ventas de estas, contribuyó a la desigualdad, obligó a desarrollar viviendas cada vez más caras, malas, lejos de todo y cerca de nada, sin servicios, sin equipamientos, contribuyendo en gran medida al desorden de las ciudades.
La realidad es que cada vez más se ha hecho una vivienda más inhumana, menos digna y de baja calidad, los criterios financieros han impuesto un costo y los promotores buscan, como es lógico, su rentabilidad en base a su inversión, así como los dividendos de ella.
La normatividad se ha modificado en los últimos años para contribuir a esa lógica financiera. “Dame tierra barata, cambia la legislación y reglamentos, dame subsidios, dame exención de impuestos, no me pidas estudios y permisos complicados, para hacer mi negocio” parecieran ser las peticiones constantes de algunos “inversionistas” del sector inmobiliario.
Bajo esta lógica financiera y comercial en la vivienda, no importa su diseño, su calidad, los espacios y servicios, lo importante es que sea un negocio rentable.
Dada la problemática, algunas dependencias del gobierno federal, estatal y municipales han empezado a firmar convenios con ONU-HABITAT respecto a implementar la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, donde plantea que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles y enumera varios ejes estratégicos de los cuales destacan: el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos, a proporcionar el acceso a transporte seguro, a mejorar la seguridad vial, ampliación del transporte público, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas.
Estos ejes están planteados desde el punto de vista urbano, respecto a su ubicación, servicios públicos y transporte entre otros aspectos, pero no hablan de la calidad de la vivienda.
Una vivienda por modesta que parezca, debe de reunir aspectos eminentemente básicos para que pueda cumplir su función. Además del refugio contra los elementos de la naturaleza y dar seguridad a sus habitantes, debe de tener los espacios para desarrollar las funciones básicas de descanso, alimentación, convivencia, aseo, reproducción y estudio, con los espacios adecuados, sus dimensiones, alturas apropiadas y suficientes de acuerdo con su función, establecidos por estándares universales y desarrollados por profesionales y no determinados por aspectos mercantiles y financieros.
Además, son condiciones básicas la geografía del lugar, su clima, sus materiales, los sistemas constructivos, la seguridad estructural, aspectos sociales y regionales entre otros aspectos y no crear vivienda masiva estandarizada a todo el país, totalmente desvinculada y desarraigada de sus habitantes y su entorno.
Dignificar la vivienda es una asignatura pendiente en cuanto al diseño, la solución se deberá abordar de forma conjunta entre los diferentes niveles de gobierno del poder ejecutivo, el poder legislativo, la sociedad y los profesionistas, para establecer las políticas públicas con el objetivo claro de abatir el rezago, tanto de la vivienda urbana como rural, verdaderamente vivienda digna.
