Este viernes un juez vinculó a proceso al propietario y al trabajador del crematorio “Plenitud”, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fueron encontrados 383 cuerpos en condiciones irregulares.
Los imputados, identificados como José Luis A.C., de 39 años, y Facundo M.R., de 64, enfrentan acusaciones relacionadas con inhumación, exhumación y violación a la dignidad de cadáveres o restos humanos.
La defensa legal de los señalados argumentó que las conductas atribuidas no encuadran en los delitos establecidos en el Código Penal, e insistió en que no existió dolo en el manejo de los cuerpos. A pesar de ello, la autoridad judicial decidió fijar una nueva fecha para la audiencia complementaria.
Durante la audiencia, la defensa de los señalados sostuvo que las imputaciones por inhumación, exhumación y falta de respeto a cadáveres no se configuran como delitos, sino como una falta administrativa. Además, argumentó ante el juez que el establecimiento contaba con permisos vigentes y que el exceso de trabajo provocó la crisis.
Aunque reconoció que el trato a los cuerpos “no es digno”, señaló que existen antecedentes, pues en el mismo sitio en 2020, se hallaron 15 cadáveres en condiciones similares, por lo que las autoridades únicamente impusieron una suspensión temporal. Tras corregir las irregularidades, el negocio reabrió. Dos años más tarde, en marzo de 2022, se localizaron otros cinco cuerpos en descomposición, con la misma consecuencia, una sanción administrativa.
Según la litigante, no existió intención de ocultar los restos, pues estaban dentro de un crematorio autorizado, no en la vía pública ni en instalaciones clandestinas. Sin embargo, el ministerio público rebatió que los responsables nunca notificaron que el horno dejó de operar hace dos años, a pesar de lo cual siguieron recibiendo cuerpos.
El juez fue claro: “el crematorio no es un almacén, sino un destino final”, y añadió que si bien pueden comprenderse ciertos retrasos, “no es justificable acumular 383 cadáveres”. Además, subrayó que la norma obliga a cremar los cuerpos en un plazo máximo de 48 horas o reportar la situación, lo cual no se cumplió.
Por su parte, el fiscal del Estado, César Jáuregui, confirmó el 1 de julio que el juez concedió la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, con el objetivo de garantizar que los acusados enfrenten el proceso desde el penal y puedan responder tanto al daño económico como al emocional causado a decenas de familias. Subrayó que muchas de las víctimas ya habían cerrado ciclos de duelo y hoy vuelven a enfrentarse al dolor.
Asimismo, calificó el caso como un hecho inédito y sumamente grave, por lo que aseguró que se llevará a cabo una investigación integral que permita identificar plenamente los restos hallados. Añadió que se buscará la pena máxima para los responsables y que también se revisarán posibles omisiones de autoridades encargadas de supervisar este tipo de establecimientos, con el compromiso de evitar una nueva revictimización.
Con la investigación en curso y una audiencia programada para el 5 de enero de 2026, el caso del crematorio “Plenitud” sigue avanzando en los tribunales bajo una estricta supervisión. La solicitud de una condena de hasta 17 años de prisión por parte del Fiscal de Distrito en la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, refleja la gravedad con la que las autoridades buscan sancionar las irregularidades cometidas, en un proceso que no solo apunta a esclarecer responsabilidades individuales, sino también a garantizar justicia para las familias afectadas.
