El gobierno de Venezuela ha anunciado la implementación de una reducción en la jornada laboral para la administración pública, medida que entrará en vigor el próximo lunes 24 de marzo. Esta decisión responde a lo que se ha calificado como una «emergencia climática», marcada por el descenso de los niveles en los embalses que son cruciales para la generación de energía eléctrica en el país.
La nueva normativa establece que el horario laboral se ajustará de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. durante un período de seis semanas. Además, se implementará un esquema de «1×1», que consiste en un día laborable seguido de uno no laborable. De esta manera, la atención en las oficinas públicas se limitará a tres días a la semana con jornadas de cuatro horas y media. Sin embargo, los organismos encargados de servicios esenciales quedan exentos de esta medida.
El presidente Nicolás Maduro, al anunciar la reducción, hizo referencia a experiencias pasadas durante los años 2016 y 2018, cuando se tomaron decisiones similares debido a la disminución del caudal en la hidroeléctrica Guri, la cual produce aproximadamente el 80% de la electricidad del país.
El gobierno también ha instado a la ciudadanía a adoptar medidas complementarias para ayudar a mitigar la crisis energética, tales como ajustar la temperatura de los aires acondicionados a 23°C, maximizar el uso de la luz natural y desconectar aparatos electrónicos cuando no estén en uso.
Desde 2019, las interrupciones eléctricas han sido una constante en el país, con apagones que se prolongan por días. Estos cortes han sido atribuidos por expertos a una falta de mantenimiento en la infraestructura eléctrica, mientras que el gobierno ha señalado que son resultado de sabotajes. Los racionamientos eléctricos han afectado a los estados del interior de Venezuela durante más de 15 años, convirtiéndose en una realidad habitual para sus habitantes.
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