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Vado de Aguas Blancas

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Por: Héctor Romero González

El pasado 28 de agosto se cumplieron 25 años de la masacre ocurrida en “El Vado” de Aguas Blancas; una de las violaciones a derechos humanos más graves de la historia contemporánea de nuestro país. 

En 1995, cuando un grupo de guerrerenses integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se dirigían a un mitin en una población cercana, al atravesar por “El Vado” en el municipio de Coyuca de Benítez, más 400 policías los esperaban para emboscarlos, asesinando a 17 de los campesinos e hiriendo a otros 14.

La gravedad de los hechos desencadenó investigaciones a cargo de autoridades locales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que incluso calificó el caso como “genocidio”, sin embargo, el Ejecutivo federal también solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su investigación, de acuerdo a la facultad que entonces se establecía en el artículo 97 de la Constitución mexicana.

La resolución de la Corte fue paradigmática, no solo por señalar la responsabilidad del Gobernador, Procurador y Secretario General del gobierno estatal de Guerrero, sino que implicó un giro drástico en la interpretación del derecho al acceso a la información.

Recordemos que en el marco de la reforma político-electoral de 1977, impulsada por Jesús Reyes Heroles, se incorporó al artículo 6 constitucional que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”, aunque no existió claridad sobre lo que el Poder Legislativo pretendía.

Por ese motivo, esta disposición fue concebida originalmente por la Suprema Corte como una prerrogativa de los partidos políticos, para asegurar la proyección de sus plataformas a través de los medios de comunicación.

Así, con el informe formulado por la Corte sobre lo sucedido en Aguas Blancas se amplían los alcances del derecho a la información. Esta resolución considera que las autoridades de Guerrero habrían tratado de sesgar la opinión pública, ante lo cual, los ministros concluyeron que hasta ese momento existía una propensión de incorporar a la vida política lo que podría llamarse “la cultura del engaño, la maquinación y la ocultación”, por lo que era vital dimensionar el derecho de acceso a la información como un “derecho básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana y que contribuirá a que ésta sea más enterada, vigorosa y analítica, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad”.

Esta resolución que, según comenta Olga Sánchez Cordero fue la más complicada de su trayectoria como togada, constituye la piedra angular para la consolidación de la transparencia como la conocemos ahora y como un elemento fundamental para el ejercicio de la rendición de cuentas.

Posteriormente esta determinación inspiró la exclusión a toda posibilidad de reserva de aquella información relacionada a violaciones graves de derechos humanos en la legislación de la materia. 

Esta disposición fue a su vez robustecida recientemente, cuando el Poder Judicial definió que los órganos garantes no deben esperar a que una instancia diversa como las Comisiones de Derechos Humanos califiquen como grave una violación de derechos humanos, sino que pueden -motu proprio- y de un análisis a primera vista determinar que se está en presencia de una grave violación a los derechos humanos.

Lo acontecido hace un par de meses con Giovanni y las desapariciones forzadas de manifestantes a manos de agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco nos dejan en claro que aún subsisten las violaciones graves a derechos humanos por las autoridades, incluso en una sociedad que consideramos moderna y democrática, así como la repetición de patrones de las autoridades que procuran el oscurantismo.

Ello, obliga a reconocer la vigencia del derecho al acceso a la información pública y su utilidad como mecanismo de control frente a la autoridad, misma que regularmente se ve tentada a distorsionar la realidad con la finalidad de evitar un desgaste mediático, lo que erosiona la legitimidad de las instituciones.

Esto es un motivo más para reconocer la labor del ITEI durante sus 15 años de existencia, aunque también estar conscientes de su rol no solo en el combate a la corrupción, sino también respecto de la información derivada de violaciones graves a derechos humanos.

Tenemos derecho a saber qué sucedió y quienes lo cometieron.

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Periodista, resignado Atlista, enamorado de mi ciudad y de mi Estado. De L a V en punto de las 7am al aire @1070noticias http://bit.ly/oYJFU2