Los integrantes del Consejo de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH, hacen un llamado a las autoridades para frenar la violencia que lastima a la sociedad
Jalisco vive una de las crisis de seguridad más profundas de los últimos años. El incremento de los delitos del fuero común y el no decremento de los delitos de alto impacto, lastiman como sociedad y frenan el desarrollo de nuestro estado, así lo señalan los integrantes del Consejo de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara.
El documento lo dirigen al Gobernador del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, al Congreso del Estado de Jalisco, al Supremo Tribunal de Justicia y al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a los presidentes municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara y la sociedad jalisciense.
Destacan que la manifestación más evidente de esta crisis es que cada día la violencia se afirma como una presencia constante que merma la capacidad de asombro y reacción de los habitantes. Todas las encuestas colocan a la seguridad pública como el principal tema de preocupación de la sociedad jalisciense. Prevalece una lastimosa debilidad de las instituciones encargadas de atender estos problemas, la cual tiene mucho que ver con la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Lo anterior, agregan, facilita la corrupción y enquista la impunidad en el sistema de procuración y administración de justicia. La ausencia de una relación de confianza entre el sistema de procuración e impartición de justicia y la sociedad civil provoca que los ciudadanos sólo denuncien uno de cada diez delitos que se cometen. El anquilosado marco legal y la consiguiente carencia de un arreglo institucional que organice eficazmente la acción del Estado en esta materia, favorece que los funcionarios gubernamentales politicen sus acciones y se dejen llevar por intereses partidistas y electorales.
Asimismo, existe polarización entre la mayoría de los gobiernos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y el gobierno del Estado de Jalisco en torno a la instalación de la Agencia de Seguridad Metropolitana, la cual se motiva por diferencias políticas (aunque se insista en limitaciones legales).
Agregan que esta situación está afectando de manera sentida la seguridad personal, jurídica y patrimonial de los millones de jaliscienses que cohabitamos en la ZMG.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Consejo de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH hacen un enérgico, pero respetuoso llamado, a las autoridades estatales de Jalisco, a los ayuntamientos metropolitanos, al Congreso del Estado y a los actores de la sociedad civil para que en los tiempos acordados por la Junta de Coordinación Metropolitana del IMEPLAN, se instale la Agencia Metropolitana de Seguridad Pública con la participación de todos los actores de gobierno relevantes para el caso, de manera que sea una solución al creciente problema de seguridad que azota la ciudad. De no hacerlo, se haría evidente que se tiene una clase política concentrada en no atender con responsabilidad y altura de miras los graves problemas de nuestra sociedad.
Destacan que la discusión de los alcances legales, administrativos y financieros de dicha agencia sea de carácter público e involucre también a los diferentes actores de la sociedad civil. Se impulse una agenda compartida de acciones transversales en el corto, mediano y largo plazos que permitan combatir, desde todos los ángulos, el fenómeno de la inseguridad.
Asimismo, piden que en el Congreso del Estado de Jalisco se agilice la discusión de la reforma integral al Poder Judicial y la creación del Sistema estatal de impartición de justicia. Que los gobiernos involucrados se obliguen al diálogo permanente y de altura, de cara a la sociedad, y convoquen a la instalación de una mesa que elabore una ruta de solución al conflicto que impide la creación de los mecanismos idóneos de coordinación.
Subrayan que no debe haber posiciones irreductibles o indiscutibles. Sin duda, las propuestas deben poseer fundamento jurídico, pero deben ser, ante todo, estrategias que generen resultados positivos para la sociedad jalisciense en el menor plazo posible.
La Universidad de Guadalajara, a través de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, reitera su compromiso para ofrecer a la sociedad y a las diferentes instituciones de gobierno el máximo de sus capacidades de investigación, reflexión, generación de análisis y propuestas. Así, busca contribuir a la creación de alternativas legales, administrativas y de coordinación que permitan a los habitantes de Jalisco recuperar las condiciones de paz, libertad, buena convivencia y bienestar que merecemos todos, concluyeron.
Los integrantes de dicho consejo son: su presidente, doctor José de Jesús Becerra Ramírez; el secretario maestro Marco Antonio González; licenciado Miguel Ángel Ortega Solís, consejero directivo; maestra Alejandra Lúa Rodríguez, consejero directivo. doctor Rogelio Barba Álvarez, consejero directivo; maestro César Uribe Vera, consejero académico; doctor Luis Corona Nakamura, consejero académico; doctor Francisco Ramírez Estrada, consejero académico; maestro José Fernando Aréchiga González, consejero académico; maestro Luis Antonio Rocha Santos, consejero académico y los consejeros alumnos Alfredo Erubey Orozco Sánchez, Mizraim Macías Arauza, Geovana Yivone Álvarez Covarrubias, Sandra Amelia Arévalo Galván, Francisco Javier Anguiano Rodríguez, Juan Ángel Cobián Cobián, y Paola Edith Aguilar Abud.
