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Urgen garantías de seguridad en ERT’s

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Por: Martín López Cedillo

Y las garantías de seguridad e integridad física, sexual y de vida, de quienes utilicen el servicio del transporte público de las llamadas ERT’S. Donde se perdieron?

Este nuevo modelo económico de intercambio de bienes y servicios, se basa en el uso de tecnologías de la información como lo son las plataformas de innovación colectiva open software, coworking, crowdfunding, entre otros.

Estas plataformas de innovación colectiva, también denominadas plataformas de uso colaborativo o de consumo conectado, crean conexiones sociales virtuales para el consumo de productos y servicios, entre otros segmentos. Tal es el caso del transporte. Así observamos que:

El uso de los dispositivos móviles como instrumento en la movilidad se volvió común a partir del Sistema de Posicionamiento Global, mejor conocido por sus siglas en inglés como GPS (Global Positioning System); dando como resultado el surgimiento de las así denominadas Empresas de Redes de Transporte que utilizan dichas plataformas e innovaciones tecnológicas para ofrecer el servicio. En sus orígenes se presumía que contarían con:

1. Conocimiento previo de la identidad del conductor, así como los datos del vehículo a abordar.

2. Planificación de rutas de traslado a partir de mapas y geolocalización.

3. Conocimiento de la tarifa (rango) previo al uso del servicio.

4. Planeación de viaje a partir del conocimiento de los tiempos de espera y disponibilidad del servicio.

5. Evaluación y seguimiento del servicio a partir de la misma plataforma tecnológica.

Sin embargo, a casi 29 meses de conocerse la primera iniciativa para regular su uso, nos damos cuenta en forma por demás alarmante que no se hizo nada por respetar los principios rectores de la movilidad, tales como:

a) La accesibilidad, como el derecho de las personas a desplazarse por la vía pública sin obstáculos y con seguridad, independientemente de su condición.

b) El ordenamiento de las vías públicas de comunicación a fin de minimizar los costos y tiempos de traslado de personas.

c) La perspectiva de género, a partir de políticas públicas que garanticen la seguridad e integridad física y sexual, así como la vida misma, de quienes utilicen el servicio del transporte público.

d) El desarrollo económico, determinando derechos y cargas fiscales, tendiente a asegurar la sana competencia entre los diversos sectores que actualmente ofrecen el servicio de transporte de pasajeros.

Nada o casi nada se ha cumplido y no sólo eso. Tras conocerse la tan cacareada reforma a la Ley de Movilidad, sobre la regulación de las empresas de redes de transporte, estas en lugar de cumplir con la Ley buscaron, y siguen buscando a toda costa evitar sus obligaciones, valiéndose de toda clase de artilugios legaloides.

En gran parte el incumplimiento de las ERT así como la anarquía en las plataformas con las consecuencias fatales y en este caso ya, muertes de inocentes como la joven Mara en el Estado de Puebla, se deben a la confusión y contradicción del estado.

Es decir que, por una parte, reconoce que el uso de dichas tecnologías en el sector de servicios de transporte es una actividad que requiere ser regulada por el Estado, pero al mismo tiempo, indica que la operación y todo lo que conlleva el uso de dichas tecnologías para el transporte público, es de orden privado. Lo que resulta ilógico porque en nuestro sistema jurídico, la premisa para regular una actividad que incluye sólo intereses privados, descansa en los ordenamientos del derecho común. Tal es el caso, por ejemplo, del contrato de transporte que contempla el artículo 2304 del Código Civil del Estado de Jalisco.

Lo cual significa, que el pretendido carácter de privado y público al mismo tiempo, no obedece ni al uso de las tecnologías cuando se destinen a prestar servicios de transporte, ni a que éste se oferte al público, sino que deriva del destino al cual se encuentran afectos y, por disposición de la Ley de la materia, se trata de un servicio público y, en consecuencia, su naturaleza es pública, por lo que todos los elementos que ahí se describen (la empresa de redes de transporte, el derrotero, sistema y condiciones del pago electrónico, así como los sistemas de afiliación y ejecución de las plataformas móviles), necesariamente deben ser reguladas por el Estado. De esto resulta que el Estado debe asumir la prestación del servicio, directa o indirectamente a través de las figuras jurídicas que para tal caso reconoce la propia ley, por lo que se coincide en general, en la necesidad de regular éste servicio de transporte público, pero no de manera limitada. Ya que parece que el propósito es excluir la rectoría estatal sobre el otorgamiento, control, supervisión y vigilancia de la modalidad de transporte público. Y seguir prestando el servicio en total anarquía y al margen de la Ley.

Algunas Perlas

Una mirada mercantilista de Uber:

1. Es necesario ofrecer alternativas que hagan un uso eficiente del auto.
2. La oferta debe ir adaptándose a los cambios en la demanda y a los hábitos de consumo de las personas.
3. Las restricciones en la oferta derivan en distorsiones de mercado que se traducen en pérdidas de eficiencia, altos costos y mercados paralelos.

Otra empresa más:
“Es imposible vigilar en todo momento el actuar de los socios conductores y de ello el poder ser responsables de su comportamiento al manejar”.

Claro está que, les importa el dinero por sobre todas las cosas, aún sobre la integridad, seguridad y la vida de sus clientes, ello es así partiendo de la idea reiterada de las multicitadas ERT (empresas de redes de transporte) en el sentido de que su relación frente a sus asociados es meramente clientelar.

Por las mismas razones expresadas en líneas precedentes, es imperativo otorgarle al Estado herramientas para la debida supervisión del Transporte Público sin excepción, por ejemplo: hacer obligatorio un Codigo Qr. y Barras que se puedan escanear por el usuario en cuanto aborde el vehículo, y que este tenga oportunidad de enviarlo a sus familiares y a una terminal de movilidad que registre todos los viajes y que tenga acceso a las plataformas de las (ERT), toda vez que su regulación obedece, como ya se señaló, a principios generales del interés social.

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