Ante el desplazamiento forzado por violencia, Séverine Durin, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, llamó a las autoridades federales a agilizar el proceso para contar con un marco legal que reconozca y atienda ese problema.
En el marco de la presentación de su libro !Sálvese quien pueda!, expuso que entre las principales causas de ese tipo de desplazamiento están secuestros o extorsiones, atestiguar hechos violentos o, un factor poco analizado, la devastación económica que se registra por los mismos desplazamientos.
En dicha obra, cuya presentación se realizó en la Sala de Maestros del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Durin da a conocer testimonios de familias que han sido desplazadas por situaciones de violencia en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
La investigadora detalló que su estudió lo realizó de 2014 a 2015, y enfatizó que Tamaulipas es el estado en el que no han existido condiciones para que las personas regresen.
Expuso que dicho fenómeno también se registra a nivel internacional, y en México debe analizarse a la luz de las políticas de seguridad pública de combate al narcotráfico. «La crisis humanitaria es de gran envergadura», sostuvo.
En tanto Laura Rubio, académica del ITAM, indicó que la publicación visibiliza un tema poco discutido, y consideró que en años recientes el caso del Estado de México ha llamado la atención por el número de familias que han dejado sus hogares por hechos delictivos.
Se refirió también al caso de Tijuana, Baja California, donde por el desplazamiento forzado de las familias se han perdido más de 12 mil millones de pesos.
Migración forzada es definida como aquella en la que las personas se ven obligadas a dejar sus hogares con el fin de resguardarse y garantizar su integridad.
De acuerdo con estimaciones académicas, al menos 1.8 millones de mexicanos han sido desplazados de manera forzada de sus hogares o de su lugar de origen por condiciones de violencia
