Urge a que se decrete la expulsión del ex gobernador de Chihuahua

Urge a que se decrete la expulsión del ex gobernador de Chihuahua

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El consejero político priista, Armando Barajas interpuso hoy ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI un recurso para urgir se continúe con la secuela procesal para la expulsión del ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte Jáquez, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Barajas, presentó a las 11:00 horas un documento para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, en el que solicitó a la Comisión fije de manera inmediata su postura en torno al proceso de expulsión de Duarte , en cumplimiento con su obligación de impartición de justicia, acuerde las actuaciones procesales conducentes para poner fin al presente juicio.
Ello, resaltó que desde el escrito inicial del presente juicio, aportó las pruebas necesarias para que esta Comisión decretara, primero la suspensión del denunciado y, posteriormente, la expulsión del mismo.
Afirmó que reforzando dichos elementos probatorios, en días pasados el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio en Chihuahua, Amílcar Asael Estrada Sánchez, giró una orden de aprehensión en contra del ex gobernador Duarte, prófugo de la justicia y que tiene también otra orden de detención girada por un juez del fuero común.
Sostuvo que con el actuar omiso de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria se violenta, en contra del promovente y del Partido Revolucionario Institucional el derecho humano a tener acceso a la impartición de justicia, mismo que se encuentra estipulado en el artículo 17 de nuestra Carta Magna.
Detalló que dicho artículo consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes.
Asimismo, Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernador la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón.

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