En medio de un contexto de creciente desigualdad y crisis de vivienda en Jalisco, el diputado local Omar Cervantes Rivera hizo un llamado a reformar el marco constitucional del estado para garantizar que la vivienda sea considerada un derecho y no un producto comercial. La propuesta busca revertir las tendencias de especulación inmobiliaria, mala planeación urbana y gentrificación que, según el legislador, están desplazando a comunidades vulnerables a zonas periféricas sin los servicios ni oportunidades necesarias.
Durante una sesión en el Congreso del Estado, Cervantes Rivera presentó una iniciativa que modifica el artículo 4°, párrafo once, de la Constitución de Jalisco, con el fin de dotar de contenido sustantivo y obligatorio al derecho a la vivienda. El legislador afirmó que, en la actualidad, este derecho está formulado de manera general y resulta insuficiente frente a la crisis habitacional que enfrentan miles de familias en la entidad.
El diputado del Partido Movimiento Ciudadano expresó que la vivienda ha pasado de ser un derecho a convertirse en un producto de mercado, lo que limita el acceso a sectores vulnerables como jóvenes, mujeres víctimas de violencia, pueblos originarios y personas en situación de vulnerabilidad. Para Cervantes Rivera, esta situación requiere una intervención concreta del Estado, que pase de ser un actor pasivo a un garante activo del derecho a habitar.
Entre las acciones propuestas, destaca la obligación del Estado de diseñar políticas públicas inclusivas, garantizar vivienda para personas con discapacidad y promover financiamientos justos. La iniciativa también contempla la incorporación de estándares internacionales de derechos humanos para definir qué se entiende por vivienda adecuada, incluyendo aspectos como habitabilidad, seguridad jurídica, asequibilidad, accesibilidad, ubicación apropiada, adecuación cultural y disponibilidad de servicios básicos.
El legislador subrayó que la reforma no surge desde cero, sino que es el resultado de mesas de análisis, programas sociales y la colaboración con expertos, autoridades y sociedad civil. Además, indicó que, de ser aprobada, la modificación constitucional permitirá establecer en la ley instrumentos y apoyos específicos para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad y comunidades originarias.
Cervantes Rivera resaltó que esta iniciativa busca integrar justicia social, desarrollo urbano y derechos humanos, alineándose con estándares internacionales y fortaleciendo la protección del derecho a la vivienda en Jalisco. La propuesta será sometida a discusión en el Congreso del Estado con la esperanza de que, en un futuro cercano, la vivienda deje de ser vista como una mercancía para convertirse en un derecho garantizado para todas y todos los jaliscienses.
