Por: Verónica Juárez Piña
La Cámara de Diputados aprobó el pasado 10 de diciembre, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de actualizar el mecanismo de la alerta de género.
Esta reforma, al igual que otras que hemos aprobado en este período de sesiones, constituye un paso fundamental en la conformación de un marco jurídico que proteja el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
La situación en la que hoy nos encontramos es inaceptable: iniciamos el año con el feminicidio de una niña de 9 años en Valle de Chalco y, el lunes 9, el cuerpo sin vida de Yucenia Jaquelin Gómez Nucamendi fue encontrado en su casa.
Exigimos al Gobierno del estado de Chiapas que, en congruencia con los discursos políticos que ha realizado, esta muerte sea investigada bajo los protocolos establecidos para la violencia feminicida. Diez mujeres son asesinadas cada día y la violencia contra las mujeres se vuelve cada vez más, parte de la cotidianidad en nuestro país.
El Grupo Parlamentario del PRD fue promovente del dictamen que se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados porque estamos plenamente comprometidas y comprometidos con los derechos de las niñas y las mujeres.
Somos promoventes porque nos parece inadmisible e injusto que las mujeres en nuestro país deban sufrir sólo porque fueron condenadas al nacer mujeres. Las mujeres en nuestro país no pueden vivir en paz porque, lamentablemente, este país está normalizando la violencia que ataca a la mitad de su población.
La violencia contra las mujeres se encuentra enraizada en los patrones socioculturales como en los comportamientos sociales cotidianos. Por ello, garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia implica la acción conjunta, comprometida, coordinada y transversal de los tres ámbitos de gobierno y la participación comprometida de la sociedad civil.
Esta violencia contra nuestro género es una realidad que como sociedad no podemos tolerar. De todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres, el feminicidio, constituye la mayor expresión de violencia que atenta contra la vida de las mujeres.
Pese al establecimiento de la Alerta de Violencia de Género, en varios estados de nuestra nación, el funcionamiento y efectividad de la Alerta a más de diez años de su creación, continúa en tela de juicio.
La nula reacción de las autoridades estatales ante la desaparición o muerte de las mujeres, la forma en la que se investigan los feminicidios y los insuficientes programas de protección para prevenirlos, exhiben un trato discriminatorio para las mujeres y las niñas.
Múltiples voces manifiestan que, hasta el momento, la Alerta presenta fallas en la aplicación de los protocolos. Errores que han ocasionado que los feminicidios continúen de manera alarmante a lo largo y ancho de nuestro país.
Así también se destaca que la mayoría de los feminicidios no se investigan como tal, pese a que en estas entidades cuentan con protocolos de actuación e investigación contra este delito.
Es necesario crear los instrumentos jurídicos necesarios para que se garantice la implementación efectiva del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia -que es lo que se pretende con el dictamen aprobado-, evitando que el aumento de la violencia no se atienda adecuadamente por considerar que su emisión acepta la existencia de ingobernabilidad en el espacio territorial donde se aplica, y por tanto, dejando de lado las medidas urgentes en prevención, seguridad y justicia.
Es hora de que, unidos sociedad y gobierno, enfrentemos este flagelo que mata a nuestras mujeres.
