Washington (EFE).- En un movimiento sin precedentes, el expresidente Donald Trump se prepara para llevar su lucha contra la Administración pública hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, buscando validar su estrategia de recortes de gastos y lealtad a sus funcionarios.
El exmandatario ha solicitado formalmente al tribunal la destitución de Hampton Dellinger, jefe de la Oficina de Asesoría Especial (OSC), un organismo clave en la protección de los denunciantes de irregularidades dentro del gobierno federal. Según fuentes cercanas, el equipo de Trump ha estado trabajando en los documentos necesarios para presentar el caso, que se espera que se formalice el próximo martes, debido a que el lunes es festivo en el país.
Dellinger, quien asumió el cargo en marzo de 2024 bajo la administración de Joe Biden, ha sido un defensor de los derechos de los empleados públicos, asegurando su protección frente a represalias por la denuncia de irregularidades. Sin embargo, Trump ha decidido llevar a cabo su destitución, una decisión que un juez bloqueó temporalmente. Más recientemente, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia desestimó un recurso de la Casa Blanca, lo que ha llevado a Trump a recurrir al Tribunal Supremo.
El expresidente cuenta con un respaldo significativo en el tribunal, donde seis de los nueve jueces son conservadores, incluidos tres que él mismo nominó durante su primer mandato. Este apoyo podría jugar un papel crucial en la resolución del caso, dado que el Tribunal Supremo ya ha ampliado en el pasado la inmunidad presidencial para acciones realizadas en el ejercicio de funciones oficiales.
La ofensiva de Trump se enmarca dentro de un ambicioso plan para reducir el gasto público y limitar las funciones de la administración federal, liderado por el recién establecido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), bajo la dirección del magnate Elon Musk. Este enfoque también ha llevado al desmantelamiento efectivo de agencias como la USAID y la CFPB, dejando a sus empleados en una situación incierta.
La decisión del Tribunal Supremo en este caso podría tener implicaciones significativas para la estructura y funcionamiento de la Administración pública, así como para la relación entre el poder ejecutivo y los mecanismos de supervisión y denuncia de irregularidades.
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