El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó una demanda del partido Movimiento Ciudadano contra la denominada «Ley Bonilla», pues de nueva cuenta destacó que no es facultad de dicho tribunal sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En sesión pública se planteó el desechamiento del recurso, porque el acto impugnado no está vinculado a una autoridad electoral pues se trató de una determinación de un Congreso local, según lo refirió el texto de proyecto de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso.
«El demandante pretende que esta Sala Superior ejerza un control abstracto de constitucionalidad, el cual es facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación».
En ese sentido, al ser un caso en el que se plantea una pretensión general y abstracta de inconstitucionalidad, «esta Sala está impedida para resolver el fondo del asunto”, señaló.
Movimiento Ciudadano presentó un medio de impugnación para combatir el Decreto 351, emitido por el Congreso de Baja California, por el que se reformó el Artículo octavo transitorio del Decreto 112 para modificar el periodo de ejercicio de la gubernatura electa en el proceso electoral 2018-2019 para que fuera por un periodo de cinco años.
La votación contó con el único voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien recordó que en diversas ocasiones se ha pronunciado por resolver en el fondo la temática sobre la ampliación del plazo de la gubernatura de Baja California.
«La ausencia de un pronunciamiento frente a lo que ocurre en el estado de Baja California, en mi opinión, no atiende de manera profunda, de manera sustanciada, la necesidad de los partidos políticos, las candidaturas y las autoridades electorales de respetar el voto ciudadano y las reglas del juego democrático».
Reyes Mondragón sostuvo que la democracia es una construcción que presupone la correspondencia de diferentes fuerzas políticas y sociales, sin que ninguna de ellas pueda hacer valer su voluntad por encima de la Constitución.
«Permitir la subsistencia de la ampliación del mandato de la gubernatura, en mi opinión, afecta la calidad de la democracia y pone en tela de juicio la legitimidad del sistema de elecciones en México», advirtió.
