A dos días de que se cumpla un mes de que la reforma a la seguridad social desató una ola de protestas que suma ya al menos 50 muertos, el gobierno y la sociedad de Nicaragua inician hoy el diálogo nacional que es visto con escepticismo.
El Seminario de Nuestra Señora de Fátima en Managua albergará el encuentro a partir de las 10:00 horas (16:00 GMT), donde la expectación es comprobar si asiste el presidente Daniel Ortega.
La presencia del mandatario fue anunciada por su esposa, vocera y vicepresidenta Rosario Murillo, al tiempo que calificó a la cita de «evento histórico».
Por la parte gubernamental también se espera a Bayardo Arce, asesor para Asuntos Económicos de Ortega. Edwin Castro, diputado y jefe de la bancada parlamentaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
También Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN). Álvaro Baltodano, delegado presidencial para las inversiones. Marcia Ramírez, ministra de la Familia. Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, y Gilda Bolt, vicecanciller de la República.
Por la sociedad civil acudirán representantes del movimiento estudiantil, de organizaciones civiles y del sector empresarial.
La Iglesia católica estará presente como mediadora y testigo, y aunque dijo que carece de soluciones específicas, espera que el diálogo aborde el tema de la institucionalidad para allanar el camino hacia la democratización de Nicaragua.
«A través de la buena voluntad de las partes, la escucha atenta y las propuestas que se hagan, esperamos llegar a acuerdos importantes que se traduzcan en decisiones concretas», dijo al anunciar el diálogo.
La reunión iniciará con el anuncio de que a las puertas del semanario habrá manifestantes antigubernamentales, lo que hace temer enfrentamientos con elementos de la Policía Nacional.
Los trabajos también comenzarán con la sombra de la violencia en varios puntos del país centroamericano entre manifestantes y fuerzas del orden en la víspera del diálogo.
La plataforma de Redes y Movimientos Sociales respaldó el diálogo nacional, pero exigió el cese de la violencia institucional, y demandó que haya transmisión en vivo a fin de evitar cualquier acuerdo a espaldas del pueblo.
De acuerdo al diario La Prensa, la reunión iniciará con una oración, luego Ortega dará un discurso breve seguido de otra oración a cargo de Bosco Vivas, obispo de León, por la víctimas de la represión.
«Después los participantes en el diálogo compartirán un convivio con Daniel Ortega y Rosario Murillo, según la programación establecida», añade el rotativo.
El 16 de abril el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) aumentó las contribuciones de patrones y obreros y redujo beneficios para estabilizar al sistema de pensiones del país centroamericano afectado por un millonario déficit.
Dos días después comenzaron las protestas mayoritariamente a cargo de estudiantes, y cuatro días después ya sumaban 25 los fallecidos en los enfrentamientos con la policía, además de bloqueo de calles y saqueos.
Entre los fallecidos en esa primera etapa se encontró el periodista Miguel Ángel Gahona, quien murió de un disparo al parecer hecho por un francotirador en la ciudad de Bluefields.
El 21 de abril Ortega aceptó dialogar con el sector empresarial pero sin la participación de otros sectores, además denunció que las protestas son alentadas por grupos opositores financiados desde sectores extremistas de Estados Unidos.
Según el mandatario en esa fecha, pretenden «sembrar el terror, sembrar la inseguridad».
José Pallais, exdiputado nicaragüense, jurista y opositor por el Frente Amplio por la Democracia (FAD), dijo a la radio francesa que «esta represión supera incluso la de la época de los Somoza».
En tanto, se espera que se anuncie la fecha de la llegada de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), invitada por el gobierno de Ortega pero reclamada desde días atrás por varios grupos sociales.
Esta invitación es la única condición que ha cumplido el gobierno nicaragüense de las cuatro presentadas por la Conferencia Episcopal, y sigue a tres solicitudes de la propia CIDH para visitar Nicragua.
Por su parte, las principales cámaras empresariales nicaragüenses estimaron que este mes de protestas cuestan ya a la economía del país 1.6 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), unos 233 millones de dólares.
