En Jalisco, miles de trabajadores en el sector público enfrentan una problemática que pone en evidencia fallas en el cumplimiento de derechos laborales fundamentales. Aunque desde hace años las autoridades municipales y estatales han sido condenadas judicialmente por despidos ilegales, la impunidad y la falta de acciones concretas mantienen a estos empleados en una situación de vulnerabilidad y desigualdad.
El derecho a la estabilidad laboral, reconocido en el artículo 123 de la Constitución Mexicana desde 1917, ampara a los trabajadores en todos los ámbitos de empleo, incluido el sector público. Sin embargo, en la práctica, este principio ha sido vulnerado en múltiples ocasiones en municipios de Jalisco, donde cada cambio de administración suele ir acompañado de despidos masivos y sin apego a la ley. Aunque en la mayoría de estos casos los trabajadores logran ganar los juicios promovidos, la mayoría de las veces no reciben el pago correspondiente ni son reinstalados, debido a una serie de obstáculos administrativos y legales que dificultan la ejecución de las sentencias.
La problemática se agrava por la inacción de las instituciones encargadas de hacer cumplir las resoluciones judiciales. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón tarda años en resolver los juicios, y cuando llega el momento de aplicar sanciones a los funcionarios responsables, estos ya han sido sustituidos por otros, lo que impide hacer responsables a quienes incumplen. La ley establece sanciones, como suspensiones de 15 días a los funcionarios que no pagan los laudos, pero en la práctica, estas medidas resultan ineficaces ante los cambios de administración y la inexistencia de mecanismos efectivos para exigir responsabilidades a los funcionarios en funciones.
Este ciclo de impunidad ha generado un acumulamiento de laudos impagados en diversos municipios, especialmente en la zona metropolitana, donde algunos trabajadores llevan más de una década en espera de justicia. En un intento por limitar el pago de estos laudos, el Congreso local intentó en su momento establecer un plazo máximo de un año para el cumplimiento, pero esta medida fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Frente a esta situación, un grupo de legisladores, incluido el autor de esta nota, ha promovido una iniciativa para reformar el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. La propuesta consiste en que el requerimiento de pago no se dirija a una persona en particular, sino directamente al municipio o dependencia, que es el verdadero patrón del trabajador. Además, en caso de incumplimiento, la sanción recaería sobre el funcionario actual del cargo, sin importar si fue quien ordenó el despido o no, ya que el patrón es la institución, no una persona específica.
La propuesta busca romper con el ciclo de impunidad que ha dejado a miles de trabajadores sin empleo y sin justicia, aún habiendo obtenido sentencias favorables. La iniciativa es vista como una medida legal, viable y urgente para garantizar que los derechos laborales en el sector público se respeten y se cumplan efectivamente.
Este esfuerzo refleja un compromiso con la legalidad y la justicia social, y busca asegurar que quienes violan la ley asuman las consecuencias de sus actos, poniendo fin a un patrón de incumplimiento que ha perjudicado a múltiples familias en Jalisco. La esperanza es que estas reformas impulsen un cambio real en la rendición de cuentas y en la protección de los derechos laborales en la entidad.
