El Senado de Texas, controlado por la mayoría republicana, dio luz verde a una controvertida ley que busca limitar aún más el acceso a las píldoras abortivas en el estado, donde el aborto ya está severamente restringido. La normativa, que fue aprobada a finales de agosto por la Cámara de Representantes estatal y ahora necesita la firma del gobernador Greg Abbott para entrar en vigor, permite a cualquier ciudadano demandar a quienes prescriban, fabriquen o envíen píldoras abortivas, con indemnizaciones que pueden alcanzar los 100 mil dólares.
La ley, que fue respaldada por 17 legisladores y rechazada por nueve, no contempla el enjuiciamiento de las mujeres que intenten acceder a las píldoras, pero prohíbe su prescripción, fabricación y envío. Una vez promulgada, abre la puerta a una ola de demandas civiles que buscan limitar aún más el acceso a métodos abortivos en un contexto donde la Corte Suprema de Estados Unidos, en 2022, revocó la protección federal del derecho al aborto, dejando a los estados en la línea de frente para decidir sobre este tema.
El senador republicano Bryan Hughes justificó la medida afirmando que busca proteger la vida del bebé en gestación y evitar que grandes farmacéuticas envíen «pastillas tóxicas» a Texas para aumentar sus ganancias a costa de la vida. Por su parte, la senadora demócrata Carol Alvarado criticó la ley, advirtiendo que convierte a los texanos en «cazarrecompensas» y que profundiza la criminalización de quienes buscan acceder a la interrupción del embarazo.
Desde la revocación del fallo Roe contra Wade, más de veinte estados han impuesto restricciones severas o prohibiciones totales al aborto, incluyendo casos de incesto o violación, salvo cuando la vida o la salud de la madre están en peligro. La legislación en Texas refleja esta tendencia, en un contexto de fuerte polarización y debates sobre derechos reproductivos en Estados Unidos.
Este nuevo marco legal ha generado preocupación entre defensores de los derechos reproductivos, quienes advierten que podría incentivar demandas y sanciones que dificulten aún más el acceso a métodos seguros y legales de interrupción del embarazo en el estado.
