El Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas, encabezado por la Dra. Dolores del Carmen Chinas Salazar, ha emitido un pronunciamiento contundente sobre el caso de Teuchitlán, Jalisco, tras los recientes hallazgos realizados por el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Este pronunciamiento, que llega después de un periodo de reflexión, busca visibilizar el horror cotidiano y generalizado que se vive en el estado, así como la necesidad urgente de abordar la crisis de desapariciones que ha marcado a la sociedad mexicana.
Desde la constitución del Comité en agosto de 2019, se ha denunciado la alarmante cifra de 15,426 denuncias por desaparición en Jalisco, una cifra que no refleja la magnitud del problema, ya que muchas víctimas permanecen sin ser contabilizadas. La relación entre esta crisis, el crimen organizado y la corrupción en las fuerzas de seguridad es innegable. Las autoridades, tanto federales como estatales, han mostrado una incapacidad alarmante para enfrentar esta problemática, minimizando las demandas de los colectivos de víctimas.
El caso de Teuchitlán es un reflejo de un patrón de violencia sistemática. El descubrimiento de restos óseos calcinados y sitios de incineración clandestina en un predio de la región ha puesto de manifiesto la brutalidad de las organizaciones criminales, que han evolucionado para facilitar la desaparición de personas como un medio para incrementar su capacidad de victimización. La intervención del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco no solo ha sacado a la luz este horror, sino que también ha exigido una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades.
El Comité hace un llamado a las autoridades para que dejen de categorizar los crímenes y se comprometan a investigar exhaustivamente todas las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Teuchitlán. Cada víctima debe ser reconocida, y cada homicidio, independientemente de su número, debe ser investigado con la seriedad que merece. La normalización de la tragedia y la impunidad no pueden seguir siendo la norma en una sociedad que busca justicia.
Además, se hace un llamado a la fiscalía para que lleve a cabo investigaciones imparciales y profesionales, evitando que el caso se convierta en un instrumento de golpeteo político entre diferentes niveles de gobierno. La participación de las víctimas indirectas en el proceso es crucial, y se exige que se garanticen medidas de seguridad para todos los involucrados en la búsqueda de justicia.
El caso de Teuchitlán es un símbolo de la maldad que puede surgir cuando el estado falla en su deber de proteger a sus ciudadanos. No obstante, también representa una oportunidad para transformar esta tragedia en un emblema de cambio. La sociedad tiene la responsabilidad de movilizarse y exigir que se frene la violencia que ha marcado la convivencia en Jalisco y en todo México. Hacer de Teuchitlán un parteaguas en la historia de la lucha por la justicia y la dignidad es una obligación colectiva, no solo hacia las víctimas, sino hacia las futuras generaciones que merecen vivir en un país libre de miedo y violencia.
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