Por: Verónica Juárez Piña
Vicecoordinadora del GP-PRD en la Cámara de Diputados
México es un país en el que se sigue persiguiendo a las mujeres que defienden sus derechos reproductivos. Celebro que Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, haya hablado claro y fuerte: “no es posible que en México se siga encarcelando a mujeres por decidir sobre su cuerpo-como si estuviéramos en la edad media.”
Me da gusto que una mujer, en una posición tan relevante, defienda a conciencia los derechos de todas. Hay varias iniciativas presentadas que despenalizan el aborto. Una presentada por el PRD y una última propuesta presentada por Morena en la Cámara de Diputados. Ambas iniciativas plantean permitir interrumpir el embarazo hasta la semana 12. Después de este plazo, la de Morena plantea sanción de trabajo comunitario para la mujer, en tanto que el médico sería inhabilitado.
En términos generales me parece una propuesta que atiende lo central, pero que debe de ser enriquecida por organizaciones sociales y especialistas, para que de manera urgente sea complementada también desde el Código Penal Nacional y la Ley General de Salud. Sobre todo por que la interrupción del embarazo es más un asunto de profunda desigualdad.
Lo vemos día a día en nuestras ciudades, quienes se arriesgan a un aborto clandestino, en condiciones de higiene y seguridad muy precarias, son mujeres pobres y excluidas que no tienen los recursos suficientes para hacerlo en un hospital y con médicos preparados.
El avance impulsado por el PRD en la Ciudad de México fue convertir un problema reservado a la secrecía en un derecho por igual para todas. A través de una política progresista en materia de salud, en la Ciudad de México las mujeres tienen garantizado su derecho a interrumpir su embarazo protegidas por la ley y bajo condiciones seguras e higiénicas.
Habrá mucha polarización por este debate. Posiciones a favor y en contra, pero lo importante es no perder de vista una cosa: el aborto clandestino es una tragedia que existe, que pasa todos los días, y que debe ser abordada de forma integral, y con criterios de salud pública, no religiosos.
Ninguna mujer debe ser obligada a nada en contra de su voluntad y las instituciones del Estado tienen que estar preparadas para responder a desafíos de esta magnitud.
Lo hemos dicho desde el principio, desde el PRD apoyaremos todas las iniciativas que supongan más derechos y libertades para las y los mexicanos. No escatimaremos apoyo al próximo gobierno en asuntos como el fin al prohibicionismo y a la criminalización de las mujeres así como en el combate a la desigualdad social y económica.
Colaboraremos con una agenda de progreso y obtención de derechos, pero nos opondremos a todo lo que suponga recortar libertades ganadas por las y los ciudadanos. No queremos que una sola mujer esté en la cárcel por decidir sobre su cuerpo.
