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Tardaría más de dos meses posible entrega de Puigdemont a España

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El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y otros cuatro exconsejeros de su gobierno reclamados por la justicia española, podrían ser entregados en un plazo de al menos dos meses si se niegan a entregarse.

La jueza de la Audiencia Nacional española, Carmen Lamela, emitió este viernes órdenes europeas de detención, entrega e ingreso en prisión, y órdenes internacionales de búsqueda con fines de extradición, contra el líder independentista catalán y sus cuatro colaboradores.

Además de Puigdemont, la jueza pidió la detención de los exconsejeros de Cultura, Lluís Puig; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Meritxell Serret; de Educación, Clara Ponsatí, y de Salud, Antoni Comín.

La magistrada acusa a los cinco ex altos cargos catalanes de los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia, relacionados con el proceso que desembocó en la declaración de independencia de Cataluña, el 27 de octubre pasado.

El mecanismo de cooperación Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) sustituye los procedimientos de extradición entre países socios de la Unión Europea (UE) para hacer más ágil la entrega de personas buscadas por la justicia de los países del bloque.

Si, tras su eventual detención y comparecencia ante un juez instructor, Puigdemont y sus ex consejeros acceden a ser entregados a España, la Cámara del Consejo de Bruselas deberá pronunciarse en un plazo de 15 días sobre la entrega a España.

Sin embargo, el abogado y especialista en extradición contratado por Puigdemont, Paul Bekaert, ya dejó entrever esta semana que el dirigente nacionalista catalán no se va a entregar a la justicia española al considerar que no se garantizan sus derechos fundamentales.

En ese caso, la justicia belga deberá tratar el caso como extradición en un plazo de 60 días, que se pueden prolongar hasta 90 si se argumenta una razón para no aceptar el procedimiento.

La jueza Lamela considera en su orden de detención que Puigdemont y sus consejeros actuaron para lograr la secesión de Cataluña respecto de España, y que “para ello promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas”.

Asimismo, los acusó de llamar “a la insurrección contraviniendo y desafiando el ordenamiento constitucional español y diversas resoluciones del Tribunal Constitucional”.

La magistrada manifestó que el expresidente catalán y su gobierno promovieron entre la sociedad la idea de que el derecho de autodeterminación en Cataluña se legitimaba con su actuación y la del Parlamento local.

Además, señala a Puigdemont de financiar el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre pasado con fondos de la Generalitat, por 6.2 millones de euros (casi 7.2 millones de dólares).

NTX/I/CMP/FHB/

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