La prohibición en México de la subcontratación laboral u «outsourcing» entró en vigor este miércoles como una promesa de justicia laboral del Gobierno a pesar del reclamo de cámaras empresariales, que exigían una prórroga y advertían de la pérdida de empleos.
Con la medida se han regularizado ya 2,7 millones de trabajadores y ha aumentado un promedio de 12 % su salario, afirmó recientemente Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
