Inicio COLUMNAS Sistema Anticorrupción

Sistema Anticorrupción

0
Compartir

Por: Héctor Romero Fierro


 
Grandes promesas de los diputados salientes del Congreso del Estado de Jalisco en relación al supuesto fortalecimiento al Sistema Estatal Anticorrupción, donde nos prometieron un Sistema 2.0 cuando hubiéramos esperado al menos que se terminara de implementar el modelo que quedó trunco, pero no, en una total regresión se pretende echar por la borda los avances del mismo.

En las próximas horas la mayoría de diputados de Movimiento Ciudadano (MC), votarán, mayoriteando, un Decreto que pomposamente llamaron “De reforma legislativa sistemática del Seajal, la Ley Estatal de la materia y otras que tienen vinculación jurídica para el combate a la Corrupción”. El gran distractor fue la cancelación de los sueldos de los integrantes del Comité de Participación Social (CPS), que fue aprobada en primera lectura, (faltando concluir el trámite legislativo) a pesar de que saben perfectamente que es inconstitucional el cancelarlos en esa forma y sus integrantes ganarán los Amparos.

En realidad, la reforma planteada es simplemente procesal administrativa y debió haberse discutido con los Colegios de Abogados del Estado, ya que si bien, algunos cambios son buenos, la gran mayoría son erróneos o copias y solo darán dolores de cabeza a los ciudadanos en general.
 
Iniciaré por el decreto que será votado hoy mismo, presentado por el diputado Jonadab Martínez García, donde pretenden una ociosa reforma para obligar a todos los que pretendamos impugnar las multas por foto infracción o cualquier infracción elaborada por policías viales, que forzosamente,  antes de acudir al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA o TAE), tengamos que agotar obligadamente un “Recurso de Inconformidad” ante el área de Inconformidades de la Secretaría de Seguridad. Actualmente la interposición de ese medio de defensa es opcional y prácticamente nadie lo utiliza, ya que quienes resuelven esa instancia casi nunca le dan la razón al gobernado, por lo que muchos abogados sarcásticamente le llaman “recurso de reconfirmación” y contrario a lo señalado por el autor de la iniciativa, en nada beneficiaría a la impartición de justicia. Además, si la regulación del tránsito es de los municipios de acuerdo al artículo 115 Constitucional, ¿cómo una instancia del gobierno estatal resolverá estos recursos?
 
En el caso de la supuesta reforma anti-corrupción, el Congreso pone especial atención en la elección de una “Comisión de Selección” que es la que se encargará, dice la reforma, de “nombrar” a los integrantes del Comité de Participación Social (CPS) y “demás Comités que sean requeridos mediante convocatoria que emita el Congreso”, Comisión que será constituida por el Congreso del Estado, integrada por nueve mexicanos, cinco propuestos por instituciones de educación superior y de investigación y cuatro por organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la Corrupción, pero lo bonito de esta Comisión es que ahora podrá remover a los integrantes del CPS por falta de probidad o por el indebido cumplimiento en el desempeño del cargo. Si no pega la venganza con la excusa de los sueldos, serán removidos los actuales por este comité y así tener un Comité de Participación Social a modo.
 
Modifican la Ley de Justicia Administrativa, que lleva a pensar que simplemente se efectuó un copy-paste de la Ley federal, olvidando que la forma de operar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) es muy diferente al del TAE, ya que en el primero no existe la apelación en sala superior y en el local sí la tenemos. La primera reforma implica en forma regresiva, adoptar el principio de “litis cerrada” que implica que tengas que exhibir en el recurso administrativo que interpongas, todas tus pruebas y argumentos para desvirtuar los hechos u omisiones que combatas, y de no hacerlo, ya no lo puedas hacer al acudir al juicio de Nulidad, lo que encarecerá los costos de la defensa y más si es obligatorio el Recurso como será el caso de las infracciones y foto infracciones de vialidad.
 
Algo positivo es regular la suspensión provisional y definitiva de la ejecución del acto impugnado, así como la posibilidad de solicitar medidas cautelares. Negativa es la incorporación de una “facultad de atracción”, que puede ejercer la Sala Superior del Tribunal, inclusive en materia de suspensiones, medidas cautelares, o procedimientos especiales, cuando por su materia, conceptos de impugnación o cuantía se considere de interés y trascendencia, abarcando además aquellas aún no admitidas. ¿Cómo?  El simple hecho de que se ejerza discrecionalmente esa facultad, lesiona a las partes al privarlos de una instancia y en algunos casos deja en manos de la Sala Superior situaciones eminentemente “políticas”, muy por encima de la impartición de justicia.
 
Por último, reforman el Código Penal del Estado para contemplar el Delito de Defraudación Fiscal, delitos contra el ambiente y (preocupante) Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero), donde afortunadamente copiaron a la letra el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Esperemos que en el caso de Jalisco sí se utilice para perseguir delincuentes y no como herramienta para perseguir opositores como acontece a nivel federal.

Comments

comments