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Sin imposiciones

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Por: Verónica B. Juárez Piña

Vicecoordinadora del GPPRD en la Cámara de Diputados

Uno de los grandes avances del liberalismo es limitar al Estado. ¿Qué significa? Defendernos como ciudadanas y ciudadanos frente a intentos de parte de la autoridad de imponer una forma de entender la familia, los valores y la sociedad.

Es decir, le decimos al gobierno que no debe meterse con nuestra ideología, mientras ésta respete los derechos humanos y las leyes. O como dijo el expresidente de la República Francesa, François Miterrand: la moral en una República es la ley.

Preocupa que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desdeñe estos límites. Que desde la campaña esté amagando con condicionar los valores y la moral de las y los ciudadanos. Primero fue a través de una supuesta Constitución Moral. Ahí, según su versión, se establecerían los nuevos valores para hacer frente a la corrupción. El problema es que ningún gobierno tiene derecho a meterse en la moral de las personas.

Por el contrario, está mandatado para obligarnos y apelar al cumplimiento de las leyes, pero nunca para decirnos cómo debemos pensar o educar a nuestras hijas e hijos.

La corrupción no es un problema de degradación moral. No se necesitan ni cartillas morales, como si fueran recetas para vacunación, ni tampoco compendios de valores -en donde por cierto López Obrador demuestra su profundo conservadurismo-; sino instituciones, leyes y combate a la impunidad.

No vamos a acabar con la corrupción siguiendo los diez mandamientos del proyecto presidencial, sino con estado de derecho y respeto a nuestras normas más básicas. ¿Qué país ha combatido la crisis de corrupción con cartillas morales? ¿Qué país se ha enfrentado a las tramas corruptas de esta forma? A veces el discurso de López Obrador parece más religioso que laico, y eso es sumamente preocupante.

En lugar de cartillas o constituciones morales, el gobierno de México necesita tomar tres decisiones:

Uno, dar marcha atrás en su política de perdón y olvido. Lamentablemente, este gobierno está dispuesto a indultar a todos los que por décadas han traicionado a la ciudadanía mexicana. No se puede combatir la corrupción institucionalizando el olvido.

Dos, promover una Fiscalía autónoma. El Senado eligió esta semana a Alejandro Gertz Manero como primer Fiscal de la República y de inmediato enfrenta su primer gran reto: investigar a fondo la lamentable tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, y deslindar responsabilidades. Si se apega a la línea presidencial que justifica la negligencia de las fuerzas de seguridad y de las autoridades de Pemex; su autonomía quedará en entredicho y con ello la de la institución que encabeza.

Y tres: fortaleza del Sistema Anticorrupción. Nunca, en la historia del país, había habido un esfuerzo ciudadano tan importante para luchar contra la corrupción. Sin embargo, el Primer Mandatario cree que con su ejemplo y aura se va a eliminar la corrupción, lo cual es un gran error. Sólo será posible combatir de manera eficaz la corrupción con instituciones autónomas y sólidas que apliquen la justicia sin miramientos ni justificaciones.

Tres medidas que son sencillas y que dependen de la voluntad del Jefe del Ejecutivo. Lo decimos alto y claro: no queremos ni cartillas morales ni tampoco imposiciones de valores, sino un compromiso claro con el combate a la impunidad y un auténtico estado de derecho.

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