El Senado de la República destinó durante el primer semestre de 2023 un monto total de 45.6 millones de pesos a 1,224 asesores, entre los cuales se encuentran figuras con vínculos familiares con legisladores y exfuncionarios, así como perfiles con antecedentes judiciales. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre los perfiles y beneficios otorgados en el marco de la estructura de apoyo legislativo.
Entre los asesores destacados aparecen nombres como José Ramón Díaz Uribe, exdirigente sindical en Tabasco quien, en 2014, fue formalmente procesado por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos, proceso que culminó en su libertad en 2017 tras ganar un amparo. Actualmente, se desempeña como asesor en servicios administrativos en el Senado, percibiendo un salario bruto mensual de aproximadamente 130 mil pesos.
Asimismo, en la lista figura el hermano del senador Juan Carlos Loera de la Rosa y el hijo de la senadora Lucía Trasviña, además del senador suplente Carlo de Fernex y familiares de exmiembros del Comité de Evaluación para juzgadores federales. Algunos de estos familiares devengan salarios que oscilan entre los 15 mil y los 79 mil pesos brutos mensuales, con variaciones en sus funciones y niveles de especialización.
Uno de los casos más relevantes es el de Arturo Gregorio Peña Oropeza, exjuez en Tabasco, quien también recibe una remuneración mensual de 130 mil pesos brutos. Peña Oropeza, que en el pasado declinó continuar en su cargo judicial, ahora figura como asesor en servicios administrativos, en un grupo que, en general, percibe salarios elevados en comparación con otros asesores.
El análisis de los datos revela que 24 asesores reciben ingresos iguales o superiores a los 100 mil pesos brutos mensuales, monto que tras descuentos de impuestos se traduce en aproximadamente 75 mil pesos netos. La escala salarial más alta en la lista corresponde a Johana Fernanda Rubio González, especialista en comercio exterior, con un ingreso bruto de 133,455 pesos mensuales, equivalente a unos 98 mil pesos netos.
El perfil de estos asesores evidencia una tendencia a asignar salarios elevados en función de la cercanía con los órganos de dirección del Senado, como la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política o el Instituto Belisario Domínguez, en su mayoría encabezados por legisladores de Morena. La estructura salarial y la presencia de familiares en estos cargos generan interrogantes sobre los criterios de selección y la transparencia en los procesos de contratación en el Senado.
Mientras tanto, las referencias públicas sobre algunos perfiles, como el de Díaz Uribe, muestran antecedentes judiciales que, en su momento, derivaron en procesos penales, aunque actualmente desempeñan funciones de asesoría en el Congreso. La existencia de estos vínculos y antecedentes ha reavivado el debate sobre los mecanismos de contratación y supervisión en las instituciones legislativas mexicanas.
