En México existen Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales, estatales, municipales y privadas. Esto puede generar que muy distintas autoridades puedan hacer cambios de uso de suelo, lo cual genera una amenaza constante debido a que son asediadas por la plusvalía inmobiliaria que puede generar. Ello, además de los perpetuos peligros que enfrentan, como la contaminación, incendios forestales, tala ilícita, saqueo de especies y presiones por el desarrollo minero y turístico que busca extenderse a ellas.
Las ANP de índole estatal, municipal y privado no cuentan con un inventario, registro u obligación legal para que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas pueda darles seguimiento, por lo que se propone que estas puedan agregarse al Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas de manera tal, que su involucramiento pueda aportar a evitar toda posibilidad de arbitrarios cambios de uso de suelo, así como a su mejor protección.
También se propone que para propiciar una mayor coordinación e interrelación entre los tres órdenes de gobierno se debe tomar en cuenta la opinión de las autoridades locales o, según sea el caso, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su modificación y viceversa, a efecto de propiciar una mayor corresponsabilidad.
Lamentablemente, sobre todo en los últimos años, se han registrado eventos en los que las decisiones de los tribunales son las que han permitido contravenir las declaratorias de Áreas Naturales Protegidas, los legisladores del GPP ven oportuno establecer claramente, que sus resoluciones tampoco podrán contravenir las declaratorias ni los instrumentos ni acciones a los que se refiere el artículo 2 de la Ley, entre ellas, las Declaratorias de Áreas Naturales Protegidas, so pena de responsabilidad y sanción.
