El Senado de la República dio luz verde a reformas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y en el Código Penal Federal, con el objetivo de reforzar la supervisión financiera y prevenir actividades ilícitas. La iniciativa, respaldada por 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, se dio en un contexto de recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos hacia instituciones financieras mexicanas.
Las modificaciones buscan ampliar los alcances de la ley, incorporando el financiamiento al terrorismo y definiendo términos clave como beneficiario controlador y persona políticamente expuesta. Además, establecen la obligación para las entidades que realizan actividades vulnerables de identificar, monitorear y reportar operaciones sospechosas, fortaleciendo la colaboración entre distintas instituciones nacionales e internacionales, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Entre los cambios destacados, se amplía de cinco a diez años el plazo para conservar documentación relevante y se autorizan auditorías proporcionadas al nivel de riesgo detectado. En el ámbito penal, se modifica el artículo 400 bis del Código Penal Federal, manteniendo la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera como denunciante en casos de delitos financieros.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, señaló que estas reformas tienen un carácter preventivo y no persecutorio, con la finalidad de evitar que recursos ilícitos contaminen el sistema financiero mexicano. Asimismo, recordó que dichas adecuaciones responden a compromisos internacionales asumidos por México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En días recientes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a instituciones mexicanas como CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntos vínculos con operaciones ilícitas. Sin embargo, las instituciones mexicanas rechazaron estos señalamientos y explicaron que, hasta ahora, las únicas evidencias verificables corresponden a transferencias ordinarias en el marco del comercio bilateral con China, sin relación con delitos financieros.
La reforma ahora será enviada a la Cámara de Diputados para su debate y posible aprobación, en un paso clave para fortalecer los mecanismos de control y colaboración en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México.
